La justicia colombiana volvió a golpear la puerta de quienes traicionaron su función. La Corte Suprema acaba de confirmar las condenas contra Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Joel Darío Trejos Londoño y Alcibiades Vargas Bautista, los tres exmagistrados del Tribunal de Villavicencio acusados de vender decisiones judiciales como si fueran mercancía. Díaz Rodríguez fue condenado a 128 meses y 1 día de cárcel por prevaricato, mientras que Vargas Bautista y Trejos Londoño recibieron 120 meses y 1 día por cohecho propio y prevaricato.

Los casos que los llevaron a la cárcel son reveladores de una corrupción que toca el corazón de la justicia. En uno de ellos, Díaz Rodríguez intentó revocar una decisión que había retirado la prisión domiciliaria a un condenado, pero sus argumentos fueron tan flacos que la Corte los calificó de "manifiestamente contrarios a la ley". Ni siquiera cuando sus colegas lo derrotaron se dio por vencido: presentó un salvamento de voto igualmente cuestionable, desconociendo pruebas para favorecer al reo.

En otro episodio, los tres magistrados juntos emitieron una tutela a favor de Hernán Darío Giraldo Gaviria que violaba principios básicos del derecho. Pero quizás lo más grave ocurrió con Marbelly Sofía Jiménez Pérez, procesada por homicidio agravado. Para intentar beneficiarla, Vargas Bautista y Trejos Londoño pactaron un soborno millonario, según consta en el expediente. Además del dinero, estos magistrados aceptaron fiestas con comida, licor y hasta servicios sexuales.

La Corte fue clara en su sentencia: "No sólo emitieron decisiones manifiestamente contrarias a la ley, sino que ello representó una verdadera venta simoníaca de la función pública". El tribunal recordó que estos eran hombres de notoriedad regional, llamados a ser guardianes de la legalidad, no traficantes de justicia. Aunque no pudo revocar la decisión que los dejó en prisión domiciliaria por su edad y condición de pensionados, sí advirtió que esa decisión anterior fue irresponsable ante la gravedad de sus crímenes.

El alto tribunal también ordenó compulsar copias para investigar más a fondo un fallo de tutela en el que se habría pagado nada menos que 100 millones de pesos. La Corte encontró que estos exmagistrados utilizaban diferentes métodos para no aparecer directamente como receptores de sobornos, parte de un patrón criminal que llevaban en las venas.