La justicia colombiana cerró el círculo en un caso que evidencia cómo el poder puede ser desviado para beneficiar a personajes influyentes. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Rodolfo Bautista Palomino López, el general en retiro que alguna vez dirigió la Policía Nacional, por intentar interferir en una investigación fiscal a cambio de favores.

El caso tiene sus raíces en una operación contra catorce personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba. Mientras la investigación avanzaba, Palomino López, entonces director de la Policía, se reunió con la fiscal a cargo en su propia residencia. Allí le planteó un pedido directo: detener la captura de una de las personas involucradas, a quien describió como alguien demasiado influyente.

La Sala Especial de Primera Instancia no dudó en condenar al oficial en retiro en noviembre del año pasado. Le impuso siete años de cárcel, una multa equivalente a casi 175 salarios mínimos mensuales y lo inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos. Además rechazó cualquier posibilidad de que cumpliera su pena en casa.

Al resolver la apelación, la Corte Suprema fue contundente. Desestimó el argumento de la defensa sobre prescripción y le dio total credibilidad a la grabación hecha con el celular de la fiscal, que documentó todo lo ocurrido en esa reunión. "Solicitar directamente en la vivienda de una fiscal que una investigación se dejara quieta, lejos de catalogarse como una conducta inherente a los deberes oficiales que le asistían al general en retiro, se instituyó en un abuso del poder del que, para entonces, estaba investido", expresó la Sala.

Lo más grave es que detrás de esta interferencia había despojos de tierra. El ganadero a cuya captura intentaba obstaculizar Palomino estaba relacionado con un sistemático despojo de tierras que ha afectado a campesinos del Urabá Antioqueño. El general usó la investidura de su cargo para conocer detalles de una investigación en curso y así proteger los intereses de alguien que se aprovechaba de la tierra de otros. La Corte consideró esta desviación de poder como inaceptable y agravada precisamente por el nivel jerárquico que ocupaba el condenado.