Una nueva condena cayó sobre Iván Moreno Rojas. La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Primera Instancia, lo sentenció el pasado 11 de marzo a cuatro años y tres meses de cárcel por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros agravado. El exsenador también fue inhabilitado para ejercer funciones públicas durante ese mismo tiempo y condenado al pago de multas por más de 8.500 millones de pesos, cifra que incluye restitución al Tesoro Nacional y daños y perjuicios.

Los investigadores de la Corte establecieron cómo Moreno Rojas operaba durante la administración de su hermano Samuel en Bogotá entre 2008 y 2011. El exsenador presionaba directamente a funcionarios de la Secretaría Distrital de Integración Social y del Acueducto Bogotano para que favorecieran ciertos contratos. El esquema funcionaba con intermediarios que entregaban "comisiones" a los contratistas beneficiados. En total, Moreno Rojas habría recibido 350 millones de pesos de Integración Social y 1.000 millones del Acueducto por facilitar estos arreglos irregulares.

Lo que está en juego ahora es que Moreno Rojas tiene derecho a apelar ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema dentro de los próximos diez días hábiles. Sin embargo, esta sentencia se suma a otras dos condenas anteriores que ya pesan sobre él por el mismo escándalo. En 2014 la Corte lo condenó a 14 años de prisión por manipulear contratos públicos a cambio de dinero, y tres años después, en 2023, recibió otra condena de 13 años por concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito.

El "Carrusel de la Contratación" fue un acuerdo ilegal que reunió a Moreno Rojas, su hermano, contratistas bogotanos y políticos locales con un objetivo claro: conseguir apoyo político y económico para la campaña alcaldicia de Samuel Moreno, además de enriquecer ilegalmente a sus integrantes. La operación se sostenía en la manipulación de contratos del Distrito y en el pago de comisiones que los contratistas daban a cambio de favores. Entre los contratistas involucrados figuraban nombres como Manuel Sánchez Castro, Emilio Tapia Aldana, Héctor Julio Gómez y Álvaro Dávila.