La Corte Suprema de Justicia le cerró el paso a Musa Besaile. El exsenador del Partido de la U fue condenado a más de once años de cárcel por su participación en un desfalco multimillonario de recursos públicos en Córdoba. La sentencia, que tiene 125 páginas, también le impone inhabilidad para ejercer cargos públicos y una multa de más de dos mil millones de pesos para el tesoro nacional. Besaile aceptó los cargos hace un año, lo que permitió a la Corte llegar rápidamente a una conclusión en un caso que había dejado grandes cicatrices en la administración regional.

Lo que hizo Besaile, según quedó probado, fue mucho más que un acto aislado de corrupción. El excongesista fue parte de una red política y burocrática montada entre 2012 y 2015 junto con el exgobernador Alejandro Lyons para repartirse cargos, contratos y dinero público. La estructura funcionaba así: Lyons se comprometía a nombrar en su administración a los aliados políticos que lo habían respaldado, como Besaile, a cambio de que estos le garantizaran apoyo legislativo y que permitieran el robo organizado de recursos. Entre los beneficiados estuvo John Besaile, hermano de Musa, quien entró como Secretario del Interior y hoy es senador también de La U. En 2023 fue llamado a juicio por avalar irregularmente a una corporación para firmar convenios con la Gobernación.

El entramado criminal funcionaba en diferentes frentes. Uno de los más oscuros fue el denominado cartel de la hemofilia, donde simulaban pacientes para justificar recobros médicos falsos ante el sistema de salud. Solo en esa operación desaparecieron unos 3.400 millones de pesos. Pero el daño más grave vino de cuatro contratos de ciencia y tecnología financiados con regalías, donde se desviaron más de 84 mil millones de pesos. Esos recursos estaban destinados a proyectos de investigación y tecnología, pero terminaron siendo canalizados hacia cuentas privadas y repartidos como comisiones ilegales entre los miembros de la red corrupta.

Besaile recibió comisiones por su labor de "organizador de la empresa criminal destinada a la apropiación ilícita de recursos públicos", como lo definió la Corte Suprema en su sentencia. El exsenador fue condenado por concierto para delinquir, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Esta es su tercera condena en el alto tribunal, un historial que refleja la persistencia de sus actividades delictivas a lo largo de los años.

El caso de Besaile y Lyons no es un episodio aislado de corrupción. Es la radiografía de cómo una red política puede capturar el Estado en una región, usando cargos públicos y recursos de regalías para enriquecerse mientras la población de Córdoba veía cómo desaparecía dinero que debería haber llegado a hospitales, escuelas y proyectos de desarrollo. Alejandro Lyons sigue acumulando procesos de corrupción que superan los 107 mil millones de pesos. La sentencia contra Besaile cierra un capítulo de esta larga historia de saqueo institucional en la región caribeña.