La justicia colombiana cerró un capítulo más de corrupción regional. La Corte Suprema de Justicia condenó a Musa Besaile Fayad a 140 meses y ocho días de cárcel, inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas y al pago de una multa de 2.046 millones de pesos. Su hermano John Besaile recibió una condena de 69 meses de prisión. Ambos fueron encontrados culpables de tejer una trama delictiva que funcionó como una empresa criminal dedicada a saquear los recursos públicos.

El caso de Musa Besaile revela cómo operaba la corrupción política en Córdoba. Cuando Alejandro Lyons Muskus fue elegido gobernador para el período 2012-2015, los congresistas que lo apoyaron recibieron a cambio "cuotas burocráticas", es decir, poder para repartirse contratos públicos. La Corte encontró demostrado que Musa Besaile, junto con el exmandatario regional, funcionarios públicos y particulares conformaron una asociación delictiva para cometer fraudes contra la administración pública. Se apropriaron de 2.350 millones de pesos del Sistema General de Regalías a través de cuatro convenios de ciencia y tecnología que fueron tramitados sin cumplir los requisitos legales. Además, desviaron otros 3.400 millones de pesos que debían destinarse a la atención de pacientes con hemofilia. Por estos perjuicios, Besaile deberá pagar al departamento 19.261 millones de pesos.

John Besaile, quien en esa época era secretario del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación, jugó un papel clave en el esquema. Emitió la Resolución número 0334 con una fecha falsa: decía haber sido expedida en septiembre de 2012 cuando en realidad fue creada en febrero de 2014. Con ese documento, certificó información contraria a la verdad para darle personería jurídica a la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica, una entidad que luego funcionaría como fachada para canalizar fraudulentamente los recursos públicos.

Los dos hermanos representan un patrón que se repite en varias regiones del país: estructuras criminales montadas desde el poder político que usan el control del gasto público para financiar campañas electorales y perpetuar el dominio de ciertas familias. Esta vez, la Corte Suprema fue contundente: negó cualquier beneficio procesal a Musa Besaile, quien deberá cumplir su pena de forma íntegra en una cárcel. John Besaile, en cambio, obtuvo sustitución de pena para cumplirla en su domicilio, siempre que pague la caución fijada.