La Corte Suprema de Justicia cerró un capítulo oscuro de la administración de justicia en Colombia con la condena a 10 años y dos meses de prisión del exmagistrado Leonidas Bustos. La sentencia de la Sala Especial de Juzgamiento, que consta de 395 páginas, lo encuentra responsable de los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir. Todo apunta a que quien fuera presidente del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria aprovechó su cargo de manera vergonzosa para traficar con la justicia misma.

El fallo deja clara una realidad que muchos sospechaban pero pocos pudieron comprobar: Bustos transformó su despacho en un negocio de compraventa de procesos judicales. El exfiscal Luis Gustavo Moreno entregó en su testimonio detalles de cómo el exmagistrado "torcía" expedientes a cambio de sumas millonarias. Según la sentencia, Bustos decidió sin ningún reparo "vender al mejor postor" la función pública, favoreciendo a congresistas y políticos que buscaban evadir la acción de la justicia.

Las consecuencias van más allá de la condena. Además de los más de 10 años de cárcel, Bustos deberá pagar una multa superior a los 133 millones de pesos y quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. El daño a la credibilidad de la Rama Judicial fue profundo, como lo reconoce la propia sentencia al hablar de un impacto irremediable.

Lo que queda pendiente es la captura. Bustos lleva años fuera del país, así que la Corte Suprema ordenó su aprehensión inmediata y solicitó a Interpol la emisión de una circular roja para tramitar su extradición. La intención es clara: busca restaurar parte de la confianza que perdió la justicia colombiana tras descubrirse que la corrupción había llegado hasta la cima de la administración judicial.