La justicia llegó después de años para Julio Enrique Acosta Bernal. La Corte Suprema de Justicia lo condenó por corrupción en la contratación pública cuando fue gobernador de Arauca. La sentencia lo obligará a pasar más de 4 años en prisión domiciliaria, lo inhabilitará para volver a ejercer cargos públicos y le impone una multa considerable.

Los hechos que llevaron a esta condena están relacionados con el contrato número 322 de 2005. En ese entonces, Acosta Bernal firmó un acuerdo con el Consorcio Castell Camel Cadena Fawcett para construir y ampliar una torre del hospital San Vicente de Arauca. Lo grave es que él sabía perfectamente que había problemas desde el principio. La investigación demostró que en la fase precontractual ya había irregularidades sustanciales que violaban principios básicos de la contratación pública.

Pero hay algo más que agrava la situación. No solo firmó un contrato sabiendo que venía mal hecho, sino que además incrementó su valor en el año 2007. Según lo que establece la sentencia, Acosta Bernal "contaba con todas las facultades necesarias para poder determinar su actuación de tal manera que se respetaran los principios de la contratación pública. Su capacidad de entendimiento le permitía razonar que al no respetar los principios de economía y planeación se estaba lesionando a la administración pública y, aun así, optó libremente por proseguir con la actuación".

La pena específica que le impuso el tribunal fue de 51 meses de prisión, más 62 meses y 18 días de inhabilitación de derechos y funciones públicas. Además tendrá que pagar $20.860.420 en multa. Lo interesante es que se le negó la suspensión condicional, es decir, no podrá cumplir su condena de manera condicionada, pero sí se le concedió la alternativa de prisión domiciliaria, que comenzará cuando la sentencia quede en firme.