La Corte Suprema de Justicia no tuvo contemplaciones el pasado 3 de julio. Condenó a Tatiana Cabello Flórez Martínez, exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático en el período 2014-2018, a doce años de prisión por un comportamiento que pone los pelos de punta: exigir a sus propias empleadas que le devolvieran parte de sus salarios.

Durante cuatro años, según probó la investigación, Cabello sometió a cinco mujeres de su Unidad de Trabajo Legislativo a un esquema de extorsión. El mecanismo era vil: quien no le pagaba de su bolsillo perdía el trabajo. Para llevar adelante este cobro, utilizó tres colaboradores que actuaban como intermediarios, creando una cadena de intimidación.

La Sala Especial de Primera Instancia fue categórica en su análisis. "Lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales y consciente de la prohibición de su comportamiento", expresó en la sentencia. El tribunal fue más allá y señaló que esta conducta no solo lastimó a las cinco víctimas, sino que "minó profundamente la confianza de la comunidad en el Congreso de la República".

Las consecuencias para Cabello van más allá de la cárcel. La Corte la inhabilitó para ejercer funciones públicas durante más de nueve años, le fijó una multa equivalente a 500 salarios mínimos y ordenó que indemnice a las víctimas. Los jueces rechazaron cualquier benevolencia: negaron tanto la prisión domiciliaria como la suspensión condicional de la pena. La orden de captura se ejecutará apenas la sentencia quede en firme.

El tribunal también tomó otra determinación importante: envió copia del fallo a la Fiscalía para que investigue si Cabello cometió delitos adicionales de enriquecimiento ilícito y amenaza. Con esto, el capítulo judicial de esta historia podría estar lejos de terminar.