La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a la senadora Martha Peralta Epieyu, la congresista guajira que forma parte del Pacto Histórico, dentro de la compleja investigación que adelanta la Sala de Instrucción sobre el escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Ungrd. La diligencia ante la magistrada Cristina Lombana está programada para el jueves 18 de junio, donde Peralta deberá responder por acusaciones de presunto tráfico de influencias y cohecho impropio.

El expediente llegó a la Corte tras documentos enviados por la Fiscalía que se sustentan en testimonios de exdirectivos de la Ungrd. Según la información disponible, los señalamientos contra Peralta están relacionados con contratos y gestiones vinculadas a proyectos que supuestamente beneficiarían al departamento de La Guajira. Uno de los casos bajo lupa es un contrato de maquinaria amarilla valorado en aproximadamente 2.170 millones de pesos destinado a obras en la región.

Las autoridades judiciales buscan establecer si existió direccionamiento de contratos o si la parlamentaria ejerció influencia indebida en favor de terceros cercanos. En el proceso también aparecen declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, quienes han aportado información sobre el entramado que expuso las presuntas irregularidades en contratos de atención de emergencias y proyectos regionales.

Lo que parece particularmente relevante para los investigadores es el papel que Peralta desempeñaba en la Comisión Séptima del Senado, donde se debatieron reformas sociales del Gobierno como la laboral, pensional y de salud. Una de las líneas de investigación busca determinar si pudo haber una conexión entre los votos de apoyo legislativo a estas iniciativas y la obtención de beneficios contractuales en La Guajira.

Adicionalmente, se analiza información sobre presuntas reuniones de Peralta con empresarios interesados en proyectos de maquinaria amarilla para obras hídricas. La Corte deberá contrastar los nombres de contratistas y órdenes de suministro que aparecen en esas versiones para avanzar formalmente en el caso.

Es importante aclarar que la citación a indagatoria no representa condena alguna. La senadora tendrá la oportunidad de presentar su versión ante el alto tribunal, rebatir los señalamientos y ejercer su derecho a la defensa en un caso que mantiene bajo escrutinio el manejo de recursos públicos destinados a La Guajira.