La senadora Martha Peralta enfrenta ahora una investigación penal formal. La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Especial de Instrucción, abrió el proceso en su contra después de más de un año de indagación preliminar. El tribunal también la citó a una indagatoria, un procedimiento mediante el cual los magistrados instructores buscan obtener información sobre los delitos investigados.

Los señalamientos contra Peralta, del Pacto Histórico, tienen que ver con su supuesto rol en irregularidades al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo, la entidad que maneja recursos para atención de desastres. De acuerdo con los testimonios del exdirector Olmedo López, la senadora le pidió que desviara un contrato de más de 2,21 mil millones de pesos hacia Isaac Riscala Lozano y Jorge Riscala Muvdi, representantes de la empresa IRL SAS. El proyecto en cuestión era para maquinaria amarilla destinada al mantenimiento de pozos en La Guajira.

La Fiscalía fue la que llevó el caso ante la Corte en abril de 2025, ya que no podía continuar investigando directamente debido al fuero de senadora que protege a Peralta. El tribunal la acusa formalmente de los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Cabe mencionar que López, quien era el exdirector de la UNGRD y quien sirvió como testigo clave en esta investigación, vio caer su preacuerdo con la Fiscalía cuando el Tribunal de Bogotá lo tumbó, lo que significa que ahora deberá responder por los cargos de corrupción sin beneficio de justicia prematura.

La Corte fijará próximamente la fecha en la que Peralta deberá presentarse a la indagatoria, una vez se completen los trámites administrativos necesarios.