La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió abrir una indagación en contra de la representante a la Cámara Saray Robayo, del Partido de la U, por su aparente influencia en la Fiduprevisora, una fiduciaria que maneja recursos billonarios de políticas estatales. El alto tribunal echó a andar el caso menos de un mes después de que la Red de Veedurías de Colombia, RedVer, presentara una denuncia en su contra. Aunque la organización que lidera el abogado Pablo Bustos señaló presunto tráfico de influencias, la Corte aún debe determinar los supuestos delitos por los que Robayo responderá.

Saray Elena Robayo Bechara es una abogada cordobesa con conexiones políticas significativas. Es hija de Ilse Bechara, quien fue dos veces rectora de la Universidad del Sinú y ocupó cargos públicos en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. También es prima del gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta Bechara, quien movió su influencia para que ella superara los cien mil votos en las legislativas de 2022. Este no es el primer proceso en su contra: hace más de un año la misma Sala abrió otra indagación porque, según el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, fue una de las congresistas que le pidió nombramientos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cuando él era director.

La Fiduprevisora administra cifras monumentales del Estado. Maneja los recursos del sistema de salud de los docentes, conocido como Fondo de Prestaciones o Fomag, que asciende a unos 45 billones de pesos. También gestiona dinero del Fondo para la Gestión del Riesgo de Desastres, dirigido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Justo antes de la segunda vuelta presidencial, la fiduciaria firmó varios convenios para trasladar plata a distintos sectores como la alimentación escolar. Todo esto ocurrió después de que en mayo contratara como asesor a Julián Habib Saade, quien gana casi dieciocho millones de pesos al mes.

Según la denuncia de la Red de Veedurías, Habib Saade le reportaría a Robayo "diariamente" los "movimientos" y decisiones de la entidad. Pablo Bustos, quien lidera la organización, fue contundente: "En la Fiduprevisora no se movería ninguna decisión relevante sin el visto bueno de Saray Robayo y de Emilio Tapia". Tapia es un megacontratista que es pareja de Robayo y que ha sido dos veces condenado por graves escándalos de corrupción. En abril, ambos fueron fotografiados juntos en el Festival Vallenato en Valledupar.

Lo que viene es complicado para la investigación. El 20 de julio se posesionará un nuevo Congreso sin Saray Robayo, quien decidió a mediados de diciembre pausar su carrera política describiendo la decisión como "muy difícil". Cuando pierda su fuero constitucional como congresista, la Corte Suprema deberá decidir si archiva el caso, abre una investigación formal o lo remite a la Fiscalía. La discusión se centrará en si las posibles conductas criminales están relacionadas con sus funciones como legisladora. Mientras tanto, Pablo Bustos está citado a ampliar su denuncia el 16 de julio, y los magistrados Cristina Lombana y Francisco Farfán, que llevan estos procesos, terminarán sus períodos en la Sala de Instrucción en octubre.