En una decisión que refleja la tensión entre el proceso de paz y la acción judicial, la Corte Suprema de Justicia respaldó a la fiscal general Luz Adriana Camargo para mantener intactas las órdenes de captura contra 29 jefes del Clan del Golfo. Esto ocurrió después de que el Gobierno, a través del alto comisionado para la Paz Otty Patiño, solicitara suspender temporalmente esas órdenes para trasladar a estos integrantes a las Zonas de Ubicación Temporal, espacios diseñados como parte del proceso de paz total impulsado por la administración Petro.

La Sala Penal de la Corte fue clara en su posición: actualmente no existen ni los elementos de información suficientes ni los avances verificables que justifiquen levantar estas medidas. Para los magistrados, dar ese paso sin contar con garantías sólidas sería irresponsable desde el punto de vista institucional.

El punto más conflictivo en todo este enredo giró alrededor de alias Chiquito Malo, el máximo jefe del Clan del Golfo. Este personaje tiene un concepto favorable de extradición ya expedido por Estados Unidos por cargos de narcotráfico, lo que complica cualquier decisión de suspender su captura. Desde el tribunal advirtieron que hacerlo podría traer consecuencias internacionales para Colombia, alterando los compromisos que el país tiene con sus aliados en materia de justicia penal.

Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro salió a protestar públicamente diciendo que la lista que se había enviado inicialmente no fue consultada con él. Aprovechó para pedir que se elaborara un nuevo listado, esta vez excluyendo específicamente a quienes tengan procesos de extradición activos hacia otros países. Con este movimiento, el Gobierno busca reducir las fricciones legales que pueden obstaculizar la incorporación de estos líderes criminales al proceso de negociación.