La puerta legal que buscaba Martha Peralta Epieyú para recuperar su libertad se cerró esta semana cuando la magistrada Cristina Lombana rechazó su solicitud de habeas corpus. Con esta decisión, la senadora del Pacto Histórico seguirá confinada en su residencia mientras avanzan las investigaciones en su contra, sin que por ahora tenga opciones de amparo constitucional disponibles.

En su fallo, Lombana fue clara respecto a por qué rechazó el amparo. Según la magistrada, Peralta "acudió directamente a la jurisdicción constitucional de hábeas corpus sin siquiera intentar los cauces ordinarios que el proceso le ofrece para controvertir la decisión, lo que confirma la improcedencia del amparo invocado: el hábeas corpus no está llamado a sustituir la diligencia que la propia parte ha omitido desplegar dentro del proceso". En otras palabras, la congresista debió agotar primero los recursos que ofrece el proceso penal ordinario antes de llegar a la Corte Constitucional.

Los problemas legales que enfrenta Peralta son serios. La Fiscalía la señala como la articuladora principal de una operación para conseguir votos en el Congreso a cambio de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Según las investigaciones, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco habría ordenado entregar dinero y proyectos a congresistas para aprobar la reforma pensional. El 13 de junio de 2023, Peralta supuestamente acordó con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, gestionar proyectos de esa entidad para favorecer a colegas de su comisión, especialmente a la senadora Berenice Bedoya.

Los detalles de la acusación incluyen que Peralta habría solicitado la vinculación de 23 personas mediante contratos de servicios puntuales y presionado para la contratación de allegados políticos en Maicao, La Guajira, su zona de influencia. Además, se le atribuye haber gestionado contratos para maquinaria agrícola y proyectos de agua en esa región como parte de su estrategia para consolidar sus candidatos locales. Carmen Domitila Iguarán, una de las personas mencionadas en estos señalamientos, ha desmentido su participación: "No tuve ni tengo poder decisorio en la UNGRD ni en ninguno de sus proyectos; solo fui una funcionaria de nivel medio".

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga a Peralta por tráfico de influencias y cohecho impropio. El momento es particularmente sensible porque esto ocurre en plena recta final de la campaña presidencial de segunda vuelta, donde el Pacto Histórico apuesta fuerte con su candidato Iván Cepeda tras quedar segundo en la primera vuelta. El caso expone las tensiones internas en la coalición de gobierno y el uso de recursos estatales para asegurar respaldos legislativos.