La Corte Constitucional le puso freno a la discriminación contra comunidades Wayuu en La Guajira. En un fallo con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, la corporación amparó derechos fundamentales como la educación, la igualdad, la autonomía y el gobierno propio de varios pueblos indígenas, con especial cuidado en proteger a los menores.

El problema no era complicado de explicar: las comunidades habían solicitado un centro etnoeducativo propio, la solicitud fue aprobada en el papel, pero nadie hizo nada para que realmente funcionara. Las autoridades dejaron la creación del centro congelada sin atender con procedimientos claros las peticiones de los Wayuu. La Corte identificó eso como discriminación estructural indirecta, es decir, aquella que ocurre cuando las instituciones simplemente no actúan.

Ahora la Secretaría de Educación de Riohacha tiene que ponerse a trabajar en serio. El fallo ordena fijar un cronograma detallado con plazos razonables para que el centro etnoeducativo sea una realidad y no quede solo como promesa. Todo esto tiene que ser socializado con las comunidades para que sepan exactamente qué va a pasar y cuándo. En coordinación con el Ministerio de Educación y el ICBF, las autoridades también deben hacer un diagnóstico y tomar medidas urgentes para que los niños Wayuu que no estén yendo a la escuela empiecen a hacerlo, garantizando además transporte escolar.

Hay un detalle importante en este fallo: el Ministerio del Interior tiene que traducir la decisión al wayuunaiki, la lengua de estos pueblos, tanto en material escrito como audiovisual. Más aún, la Corte mandó comunicarse directamente con los menores afectados en un lenguaje que ellos entiendan, para que los niños Wayuu sepan que sus derechos están siendo protegidos.