Un fallo de la Corte Constitucional ha ordenado al Tribunal Superior de Barranquilla reconsiderar la captura de Dayana Jassir De La Hoz, acusada del homicidio de Eduardo Pinto Viloria, quien era director de Medicina Legal cuando fue asesinado el 4 de mayo de 2016. Lo importante es aclarar que esta decisión no cambia la condena de 57 años y 6 meses que le fue impuesta en segundo grado hace poco más de un mes, sino que se enfoca únicamente en si debe permanecer privada de la libertad mientras la Corte Suprema estudia el recurso de casación que podría revisar la sentencia.

La defensa de Jassir presentó una tutela pidiendo que la mantuvieran en libertad mientras ese proceso avanzaba. La Corte Constitucional consideró que el tribunal no puede ordenar una captura inmediata sin explicar de forma clara, concreta e individualizada por qué es necesario. El alto tribunal resolvió dejar sin efecto solo ese punto de la sentencia y ordenó que se emita una nueva decisión en máximo 48 horas desde la notificación. Mientras tanto, Jassir quedó libre, a menos que exista otra orden contra ella.

Lo crucial aquí es que el debate actual no se trata sobre si ella cometió o no el crimen. La pregunta es si debe estar detenida en una etapa donde la sentencia aún puede ser revisada por la Corte Suprema. Para la Corte Constitucional, una condena no es suficiente justificación por sí sola: el juez debe analizar las circunstancias particulares del caso.

Rebeca Viloria, madre de Eduardo Pinto Viloria, pidió al Tribunal que mantenga la orden de captura. Para la familia de la víctima, la condena de segunda instancia debe tener consecuencias mientras se resuelve el recurso en la Corte Suprema.

El caso ha tomado un camino sinuoso durante casi una década. Jassir fue capturada el 27 de junio de 2016 y acusada de homicidio agravado y concierto para delinquir, cargos que siempre rechazó. Pasó tiempo en la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla, pero el 9 de febrero de 2018 recuperó la libertad porque un juez determinó que habían transcurrido 173 días sin que iniciara el juicio oral, lo que violaba sus derechos procesales.

El proceso transcurrió durante años en diferentes juzgados penales de Barranquilla. El 8 de noviembre de 2024, la jueza Beatriz Arteta la absolvió. En audiencia explicó que los testimonios de la Fiscalía contenían dudas y contradicciones que no permitían probar su responsabilidad penal. Sin embargo, la Fiscalía apeló y el Tribunal Superior revocó esa absolución. El 15 de mayo de 2025, el tribunal la condenó a 57 años y 6 meses de prisión y ordenó su captura inmediata, que se ejecutó el 19 de mayo.

Ahora el Tribunal debe emitir una nueva decisión sobre si mantiene esa captura, mientras la Corte Suprema permanece estudiando el recurso de casación que podría cambiar todo el panorama del caso.