La historia de Andrea Burgos es un espejo de los huecos que todavía existen en la justicia colombiana. Esta activista trans, afrodescendiente y líder LGBTIQ+ fue arrestada en 2018 en Buenaventura bajo la acusación de portar un arma de fuego. La Policía nunca presentó pruebas de aquello. Fue liberada en ese momento, pero algo extraño ocurrió: un juzgado en Buenaventura continuó adelantando un proceso penal en su contra sin que ella se enterara siquiera de que estaba siendo juzgada.

Durante años, las audiencias se realizaron sin su presencia ni notificación adecuada. El Juzgado 004 Penal del Circuito de Buenaventura simplemente no informó de manera oportuna sobre los trámites. Peor aún, el defensor público asignado a su caso, según lo determinó la Corte Constitucional, no cumplió su labor de forma profesional. Nadie hizo el esfuerzo real para que Andrea pudiera defenderse. El resultado fue una condena a diez años de cárcel que ella desconocía completamente hasta que fue capturada el 17 de enero de 2025 para cumplirla.

Fue entonces cuando su equipo de defensa, liderado por el abogado penalista Alí Bantú Ashanti, presentó una acción de tutela denunciando todas esas irregularidades. El 7 de abril de 2026, la Corte Constitucional falló a su favor. Burgos debe ser liberada en máximo 48 horas.

Bantú y el colectivo Justicia Racial, que se dedica a defender los derechos humanos de comunidades afrodescendientes, calificaron el caso como un "falso positivo judicial". "El caso evidencia graves fallas en el sistema judicial, con sesgos de género y prejuicios raciales, que vulneraron los derechos fundamentales de una mujer trans afrodescendiente", afirmó el abogado en un comunicado.

Para Alí Bantú Ashanti, lo que pasó con Andrea Burgos va más allá de un error procesal: "Este caso evidencia fallas estructurales del sistema judicial, especialmente cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad, donde el prejuicio y la negligencia terminan reemplazando las garantías". El colectivo ha prometido continuar acompañando el proceso para lograr una reparación completa de sus derechos.