La Corte Constitucional le ordenó a Meta hacer cambios profundos en cómo maneja Instagram en Colombia después de que la plataforma cerrara sin justificación clara la cuenta de Esperanza Gómez, que tenía más de cinco millones de seguidores. En la Sentencia T-256 de 2025, el alto tribunal determinó que se vulneraron derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso cuando eliminaron ese perfil sin transparencia ni consistencia.

Lo que pasó fue que Meta cerró la cuenta de la creadora de contenidos en 2021 argumentando que violaba sus políticas sobre desnudos y contenido sexual. Pero Esperanza Gómez insistió en que cumplía las normas y denunció que había un trato desigual comparado con otros perfiles similares. La Corte le creyó y le dio la razón.

En respuesta a esta sentencia, Meta tuvo que implementar varios cambios importantes. Ahora tiene un canal específico para recibir recursos legales de usuarios en Colombia, publicó sus normas comunitarias en español de manera más clara (especialmente las que tienen que ver con contenido sexual), y explica por escrito por qué cierra cuentas, cuánto tiempo guarda los datos y cómo se puede apelar. También fijó plazos definidos para que la gente impugne suspensiones antes de que una cuenta se elimine definitivamente.

Aunque la Corte reconoció que no era posible devolver la cuenta después de tanto tiempo, el fallo tiene un alcance que va mucho más allá del caso individual. Esto abre la puerta a regulaciones futuras sobre cómo operan las plataformas digitales en Colombia y establece que los derechos fundamentales también aplican en internet. Las grandes plataformas globales ahora tienen claro que deben responder ante las leyes colombianas.

La propia Esperanza Gómez celebró la decisión y destacó que "los derechos no se detienen en internet", dejando en claro que este fallo obliga a las gigantes tecnológicas a ser más responsables con sus usuarios latinoamericanos.