En una decisión que genera incertidumbre sobre el futuro administrativo del organismo electoral, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley 2294 de 2023 que le había otorgado autonomía presupuestal al Consejo Nacional Electoral. Se trata de los artículos 336 y 337, que permitían que el CNE funcionara como una sección independiente dentro del Presupuesto General de la Nación y que su presidente tuviera facultades directas para contratar y ordenar gastos.

Con el fallo de la Corte, el CNE perderá ese manejo directo de sus recursos y volverá a operarse bajo la estructura anterior, donde sus presupuestos se incorporaban dentro de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los magistrados consideraron que incluir estos cambios administrativos en la ley del Plan Nacional de Desarrollo violaba el principio de unidad de materia, ya que no guardaban relación directa con los objetivos y estrategias de ese plan.

Lo que tranquiliza a muchos es que el impacto no será inmediato. La Corte decidió diferir los efectos de la sentencia hasta el 1 de enero de 2027, precisamente considerando el rol crucial que cumple el CNE en la organización de los comicios presidenciales que ya están en curso. Esto quiere decir que por ahora no habrá cambios en el calendario electoral, ni se afectarán funciones como la vigilancia del proceso, los escrutinios, la declaratoria de elecciones o el control sobre partidos y campañas.

El cambio que viene será principalmente administrativo y presupuestal. A partir de 2027, el CNE dejará de tener una sección propia en el presupuesto nacional y perderá el mismo margen de autonomía que tiene ahora para ejecutar recursos desde la presidencia del organismo. Esto obligará a replantear cómo se planean y ejecutan los recursos del organismo electoral.

Mientras tanto, varias entidades tendrán trabajo por delante. El Ministerio de Hacienda, la Registraduría Nacional, el CNE y el Departamento Nacional de Planeación deberán coordinar los ajustes normativos e institucionales necesarios para que la transición sea ordenada. También tendrán que estructurar el presupuesto de 2027 bajo el nuevo panorama que trazó la Corte.

En resumen, las elecciones presidenciales de 2026 seguirán adelante sin tropiezos presupuestales, pero a partir del próximo año, el organismo electoral deberá adaptarse a una estructura que le da menos autonomía financiera que la que ha disfrutado desde 2023.