Después de pasar recluida desde el jueves pasado y durante todo el fin de semana, la senadora Martha Peralta quedó en libertad con una condición clara: firmar un compromiso ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada Cristina Lombana le exigió el documento el 22 de junio de 2026 para asegurar que la congresista no vuelva a evadir las citaciones judiciales.

El documento que Peralta tuvo que firmar incluye obligaciones puntuales. Debe asistir a todas las citaciones de la Corte, reportar cualquier cambio de domicilio, mantener sus datos de contacto actualizados y abstenerse de realizar acciones que obstaculicen la investigación en su contra. La Corte fue clara en sus advertencias: si incumple, habrá nuevas medidas para garantizar su presencia, incluyendo su conducción forzada por autoridades de policía judicial.

Lo que llevó a esta situación fue que Peralta ya había intentado aplazar la diligencia de indagatoria en dos oportunidades. Por eso la magistrada Lombana ordenó su conducción el jueves para obligarla a comparecer. Cuando fue trasladada a la sede de la Sala de Instrucción en el norte de Bogotá, Peralta solicitó un hábeas corpus buscando quedar en libertad el fin de semana, pero Lombana negó esa petición. Según la magistrada, "el hábeas corpus no puede emplearse para reemplazar las actuaciones que la defensa puede promover dentro del expediente", por lo que concluyó que el recurso era improcedente sin haber agotado primero las vías ordinarias.

La investigación en contra de Peralta gira alrededor del esquema de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según los hallazgos, ella habría jugado un papel clave: asegurar votos en el Congreso a favor de las reformas sociales del gobierno Petro a cambio de entregar contratos a congresistas. El expediente señala que en una reunión del 13 de junio de 2023, Olmedo López y Peralta habrían acordado impulsar proyectos desde la UNGRD para favorecer a miembros de la Comisión Séptima del Senado.

La Corte también investiga si Peralta fungió como enlace para atender peticiones de congresistas de la coalición del Gobierno que estaban inconformes con su participación en la administración, mediante la asignación de contratos y cargos burocráticos. En el proceso se menciona además que habría solicitado la contratación de 23 personas mediante órdenes de prestación de servicios y promovido la vinculación de personas cercanas a su estructura política en Maicao, La Guajira.

Peralta fue reelegida al Senado con más de 61.000 votos en esta ocasión por la circunscripción indígena. La senadora enfrenta cargos por tráfico de influencias y cohecho impropio en el marco de esta investigación que continúa su curso en la Corte Suprema.