En la Corte Suprema de Justicia reposan más de cinco mil folios que contienen chats, videos, tablas de cupos y testimonios sobre un presunto esquema de corrupción que involucra al Instituto Nacional de Vías y al Congreso de la República. Son treinta congresistas los señalados, muchos de ellos miembros de las comisiones Tercera y Cuarta, los órganos encargados de revisar los proyectos de ley sobre asuntos económicos y fiscales del país. La investigación fue realizada por Semana.

La pista llegó de la mano de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda que ya había testificado en otros casos de corrupción relacionados con la UNGRD. Según su relato, los treinta legisladores mencionados habrían cambiado sus votos por contratos en Invías durante el período comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de diciembre de 2025. En ese lapso, habrían recibido en conjunto más de un billón de pesos distribuido en sesenta contratos. Benavides presentó documentos con tablas detalladas que especificaban qué congresista se beneficiaba de cada negocio.

El magistrado Marco Antonio Rueda tiene a su cargo determinar la veracidad del testimonio y las pruebas, así como establecer el grado de responsabilidad de cada investigado. La Corte ordenó a Invías entregar copia de todos los contratos y convenios relacionados con lo denunciado por Benavides. Cuando Invías envió ochenta y cuatro contratos, los investigadores encontraron irregularidades en varios de ellos. Precisamente sesenta y uno de esos contratos coincidían con las características de las irregularidades que Benavides había reportado.

Lo que más llamó la atención fue que varios contratos que estaban prácticamente dormidos recibieron millonarias inyecciones de dinero, incluso superior al valor que originalmente se había pactado. Uno de los casos bajo escrutinio es el convenio interadministrativo 2287 de 2023 entre Invías y la Alcaldía de Envigado, por más de doce mil quinientos millones de pesos, para intervenir la malla vial en varios barrios de Antioquia. Otro es el convenio 2246 de 2023 en el Cesar, destinado a mejorar vías terciarias en Curumaní con inversión superior a dieciséis mil millones de pesos.

Cuando la Corte pidió información a municipios como Manatí, Sincelejo y San Benito Abad, las respuestas fueron incompletas. Por eso, el tribunal designó funcionarios del CTI para recopilar la documentación faltante. Ante las irregularidades encontradas, la Corte decidió vincular formalmente como investigadas a la senadora Laura Ester Fortich y a la representante Jezmi Lizeth Barraza, dos de los treinta congresistas mencionados en el expediente. Según reportes de Semana, el magistrado Rueda está acelerando las diligencias y también investigará a los miembros de las unidades de trabajo legislativo de los congresistas señalados, así como a sus allegados cercanos.