El Consejo de Estado le cerró la puerta a Guillermo Echavarría Gil. La Sección Quinta del tribunal confirmó la suspensión que lo mantiene fuera del cargo de rector de la UPC, al desestimar todos los recursos que presentaron tanto su defensa como directivos de la universidad buscando revertir la decisión.

Mediante un auto fechado el 28 de mayo de 2026, la magistrada Gloria María Gómez Montoya y su equipo reafirmaron la medida cautelar que había decretado una semana antes, el 7 de mayo. En otras palabras, Echavarría Gil seguirá sin poder ejercer como rector mientras avanza el litigio que determina si su elección fue legal.

Lo central del asunto es simple pero determinante: cuando Echavarría Gil se inscribió como candidato el 26 de noviembre de 2025, no reunía los cinco años mínimos de experiencia docente que exigen los estatutos de la universidad. Según el Consejo de Estado, en esa fecha solo acumulaba 4 años, 10 meses y 26 días trabajando como docente en la institución. Eso lo descalificaba desde el principio.

El tribunal rechazó sin dejar espacio a dudas los argumentos de quienes querían salvarlo. Descartó la idea de que los requisitos de experiencia debieran comprobarse al momento de la elección y no durante la inscripción. La norma interna de la UPC es clara, sentenció: esas condiciones deben demostrarse desde que alguien se registra como aspirante. También negó que las disposiciones usadas para evaluar a Echavarría hubieran sido derogadas.

Hubo otro intento: el Ministerio de Educación Nacional intervino como tercero coadyuvante argumentando que la experiencia faltante ya se había completado para cuando se decretó la suspensión provisional. Pero el tribunal no entró a analizar ese punto porque consideró que no había sido presentado formalmente por las partes principales del proceso desde el inicio.

Lo que más duele en todo esto es que nadie actuó a tiempo. Diversos sectores de la comunidad universitaria habían advertido irregularidades antes de la sesión en que el Consejo Superior hizo la designación. Esas inquietudes constan en el expediente. Se presentaron antes de la votación. Y aun así, nadie hizo nada para revisar lo que estaban diciendo. Ahora, cuando el daño ya estaba hecho, la justicia administrativa lo soluciona, pero la confianza en los procesos queda debilitada.