La Corte Constitucional se prepara para uno de sus debates más tensionados del año. Este jueves, su Sala Plena discutirá nuevamente sobre la emergencia económica que el presidente Gustavo Petro decretó hace cuatro meses, una medida que está congelada desde enero por orden del mismo tribunal. Lo que comenzó como una suspensión cautelar se ha convertido en un laberinto de solicitudes de nulidad que pone a prueba las competencias del alto tribunal.

Hace dos meses, en febrero, la Presidencia de la República fue la primera en pedir anular la suspensión. El secretario jurídico Augusto Ocampo argumentaba irregularidades y buscaba reafirmar un precedente de 1994 sobre estados de excepción. Pero el Gobierno no se conformó con eso. Más tarde, se sumaron diecisiete despachos asesores legales de los ministerios. El Ejecutivo en pleno ahora insiste en que la cautela "desconoció la cosa juzgada constitucional" y "vulneró el principio de legalidad". El argumento principal es contundente para el Gobierno: en 1994, cuando la Corte examinó estos estados de excepción, el tribunal sacó una sentencia que, según el Ejecutivo, es "inmutable, obligatoria, vinculante, erga omnes y definitiva". La decisión de enero, plantean, rompió ese antecedente al diseñar nuevos criterios para suspender la emergencia.

Lo que agrega complejidad al asunto es que no es solo el Gobierno pidiendo anulación. El centro de estudios Dejusticia también presentó una solicitud similar, aunque con una postura paradójica: considera que la emergencia es inconstitucional, pero también que la suspensión lo es. Entre tanto, llegan más recursos cada día. El magistrado Carlos Camargo ha recibido una avalancha de nulidades que retrasa la decisión de fondo. La Corte tiene hasta el 16 de abril para fallar, pero mientras tanto, la emergencia permanece suspendida.

Lo interesante es que en los pasillos del tribunal los ánimos parecen haber cambiado. Al principio, la corporación se inclinaba por tumbar completamente la emergencia. Pero entonces llegaron intervenciones clave. La defensora del pueblo, Iris Marín, y el procurador general, Gregorio Eljach, ofrecieron un punto medio. Eljach escribió cuarenta páginas clasificando la emergencia como inconstitucional, pero advirtiéndole a la Corte sobre algo crucial: la necesidad de preservar sus efectos en la financiación de la salud. El Ministerio Público señaló que "la garantía del derecho a salud, especialmente para las poblaciones más vulnerables, enfrenta un escenario crítico".

El nudo del asunto es la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado paga a las EPS por cada persona afiliada. Las entidades de salud reportan una siniestralidad de 109,5%, lo que significa un déficit presupuestal de unos $5,95 billones. Sin la emergencia, el Gobierno argumenta que no puede financiar estas obligaciones ni cumplir las órdenes previas de la Corte sobre salud. Eljach fue claro: "Tan solo lo relacionado con la prestación del servicio de salud agravada por la crisis fiscal supera los presupuestos fácticos, valorativos y de suficiencia".

El Gobierno, sin embargo, llega a este debate con antecedentes complicados. En octubre de 2023, la Corte tumbó la emergencia económica en La Guajira por pretender resolver problemas estructurales con una norma excepcional. Y en abril de 2025 declaró "parcialmente" inconstitucional la conmoción interior en Norte de Santander y Cesar. Ahora, mientras el tribunal delibera sobre las nulidades, la salud de millones de colombianos permanece en una zona gris: sin la emergencia no hay dinero para las EPS, pero con ella, la Corte considera que el Gobierno está fuera de sus límites constitucionales.