Bernardo Moreno Villegas llegó al final de la carrera judicial. La Corte Constitucional cerró esta semana la puerta a sus últimas esperanzas legales al confirmar unánimemente la sentencia que lo mantiene condenado por el escándalo de corrupción conocido como 'Yidispolítica'. El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe no logró convencer a los magistrados de que sus derechos fundamentales hubieran sido vulnerados en el proceso en su contra.

La historia de Moreno en los juzgados ya acumula varias actuaciones. Fue condenado originalmente por la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2023 por tráfico de influencias. Se le probó que utilizó cargos en entidades del Estado, como la Red de Solidaridad Social, el Sena y varias notarías, para presionar a funcionarios y beneficiar a la entonces representante Yidis Medina. El objetivo era asegurar su voto a favor del acto legislativo que permitió la reelección inmediata de Uribe. Luego, la Sala de Casación Penal ratificó esa sentencia en agosto del año pasado, manteniéndola en cinco años y siete meses de prisión.

Moreno entonces interpuso una tutela argumentando que se había cometido un error en el proceso y que sus garantías como ciudadano no habían sido respetadas. La Corte Constitucional admitió revisar el caso en julio de 2025, pero esta semana rechazó sus argumentos de manera rotunda. El magistrado Juan Carlos Cortés presentó una ponencia que toda la Sala Plena avaló sin votos en contra.

Lo particular del caso fue el choque entre instituciones judiciales. Cuando la Corte Constitucional decidió pedir opiniones de expertos juridistas, como del Colegio de Abogados Penalistas, la Corte Suprema se opuso. La Suprema consideró que "resulta equivocado" decretar este tipo de pruebas técnicas en un trámite de derechos fundamentales. Para la corporación, permitir que expertos externos validaran o cuestionaran una sentencia judicial sería contrario al Estado de derecho, pues las decisiones de los jueces deben examinarse según la doctrina propia de las tutelas contra providencias judiciales, no por apreciaciones externas.

Con esta decisión de la Corte Constitucional, ya son cuatro autoridades judiciales diferentes las que han ratificado la condena contra Moreno: la Sala de Casación Penal, la Sala Civil, la Sala Agraria y ahora la Corte Constitucional. En febrero de este año, la Sala de Primera Instancia le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria después de cumplir seis meses en la cárcel, argumentando que mantener restricciones como la prohibición de participar en política es castigo suficiente por ahora. Moreno sigue bajo estas limitaciones mientras cumple su pena fuera de prisión.