La Corte Constitucional decidió convocar una mesa técnica para revisar si el Ministerio de Salud ha obedecido las órdenes que le dio para ajustar la UPC, que es el dinero que el Estado transfiere cada año a las aseguradoras de salud por cada afiliado. Esta decisión llega después de que el tribunal detectara que el Gobierno aún no ha cumplido adecuadamente con lo ordenado, especialmente en lo que tiene que ver con garantizar que esos recursos sean suficientes.

El origen de este conflicto se remonta a la sentencia T-760 de 2008, cuando la Corte Constitucional evidenció problemas estructurales graves en el sistema de salud colombiano. Desde entonces, el tribunal ha ordenado al Ministerio que asegure que la plata destinada a las EPS alcance realmente para cubrir la demanda de servicios. Sin embargo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha presentado estudios verificables que demuestren que esos recursos sean efectivamente suficientes.

Lo que preocupa a la Corte es que el Ministerio ha estado fijando la UPC únicamente con base en la inflación o en criterios administrativos internos, sin hacer un análisis profundo de los costos reales del sistema. Por eso el tribunal insiste en que se debe realizar un estudio integral que considere variables concretas como la frecuencia de uso de servicios, los tipos de atención que necesitan los pacientes y los precios que realmente cobra el sector.

La mesa técnica está programada para el 13 de abril de 2026 y será un espacio de análisis especializado donde el Ministerio tendrá que responder preguntas específicas sobre cómo calculó la UPC y si ese cálculo cumple con los parámetros que ordenó la Corte. Además del Ministerio, asistirán organismos de control, autoridades del sector, representantes de gremios médicos y universidades. Este esquema busca garantizar transparencia y que varios actores aporten sus perspectivas técnicas.

Cuando la UPC resulta insuficiente, las consecuencias se sienten directamente en los colombianos. El sistema se ve obligado a priorizar ciertas atenciones, los tiempos de espera se alargan, y muchas personas terminan encontrando barreras de acceso a servicios que necesitan. Por eso la precisión en estos cálculos no es un asunto puramente técnico: afecta la garantía efectiva del derecho a la salud de millones de personas.