En Barichara, Santander, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera encendió las alarmas durante la instalación de un nuevo Diálogo Constitucional dedicado al derecho al agua. El encuentro reunió a diferentes actores para analizar una de las problemáticas más urgentes del país desde perspectivas jurídicas y sociales. La presidenta de la Corte fue clara: el acceso al agua no es un lujo ni un tema menor, es un derecho fundamental vinculado directamente a la dignidad de las personas.

Lo que preocupa a la magistrada es la brecha entre lo que dicen los libros y las leyes, y lo que realmente viven miles de colombianos en territorios apartados. Las charlas académicas y los marcos teóricos, advirtió, resultan insuficientes cuando hay comunidades enteras sin agua potable. Esa fue la antesala para su pronunciamiento más contundente: refiriéndose a La Guajira, Meneses Mosquera expresó que "Nos indigna La Guajira, y lo digo sin matices. Es una vergüenza nacional que en pleno siglo XXI la falta de agua potable sea la excusa para que la corrupción haga un festín con el hambre y la sed de nuestros hermanos wayuu".

La magistrada subrayó que la crisis en este departamento no es solo un asunto de infraestructura deficiente o problemas administrativos. Detrás hay corrupción que se aprovecha de la vulnerabilidad de comunidades como el pueblo wayuu, que enfrenta condiciones precarias para acceder a fuentes seguras de agua. "Hemos venido a escuchar el dolor de quienes viven las inclemencias de un Estado que a veces parece una sombra lejana", manifestó.

En el diálogo también participó Pedro Arrojo Agudo, relator especial de la ONU para el derecho al agua, quien fue directo en su mensaje: este derecho no puede ser solo un compromiso escrito en papeles. Los Estados tienen la obligación de convertirlo en acciones reales mediante leyes fuertes, inversión sostenida y sistemas de seguimiento, particularmente en territorios con mayores dificultades sociales y ambientales.

Los expertos que participaron coincidieron en que garantizar el acceso al agua requiere un esfuerzo coordinado entre jueces, instituciones públicas y universidades. Plantearon la necesidad urgente de crear políticas públicas que integren el agua con la protección ambiental y el bienestar de las comunidades. La idea es que no sea un trabajo aislado, sino articulado.

La magistrada cerró con una exhortación clara: estos espacios de diálogo deben generar soluciones tangibles, no quedarse en teorizaciones. La justicia constitucional, enfatizó, debe ser el puente que conecte los compromisos internacionales en derechos humanos con las realidades urgentes que viven miles de colombianos hoy, sin esperar más.