Una decisión de la Corte Constitucional ha puesto en marcha el proceso de devolución de impuestos cobrados durante la emergencia económica declarada a finales del 2025. El alto tribunal determinó que el decreto que respaldaba varios cobros tributarios no se ajustaba a la Constitución, por lo que esos gravámenes no tenían validez legal.

La consecuencia es clara: el Gobierno debe reintegrar a los contribuyentes todos los valores recaudados bajo ese marco que ya no tiene efectos. Según estimaciones preliminares, el monto a devolver podría superar los $20 mil millones de pesos, una cifra considerable que impactará las finanzas públicas del país.

La orden de la Corte alcanza tanto impuestos directos como indirectos. Para los impuestos directos, se estableció que ni siquiera debieron ser objeto de cobro ni de declaración. En el caso de los indirectos, como el IVA aplicado a ciertos productos y actividades, la devolución deberá ir a quienes logren demostrar que efectivamente asumieron el pago.

Para cumplir con esta orden, la DIAN tendrá un plazo cercano a un mes para definir cómo efectuará los reembolsos. La entidad recaudadora deberá usar procedimientos ya existentes o crear nuevas disposiciones para que el dinero llegue a los bolsillos de quienes lo pagaron injustificadamente.

Aunque el decreto fue anulado, la Corte dejó una puerta abierta: los beneficios tributarios que fueron otorgados durante la aplicación de esa medida se mantienen vigentes. La idea es proteger la seguridad jurídica de quienes accedieron a esos beneficios en su momento, evitando que ahora resulten perjudicados por cambios retroactivos.

La decisión fue adoptada de forma unánime por los magistrados que participaron en el proceso, aunque algunos presentaron aclaraciones adicionales sobre el alcance del fallo. En los próximos días se espera la publicación completa de la sentencia, que explicará en detalle los fundamentos jurídicos que sustentaron esta determinación.