Copoyomana, Yaletshimana, Angastura y Los Melones tienen ahora un respaldo legal para que sus hijos e hijas reciban educación pensada en ellos. La Corte Constitucional ordenó que la secretaría de Educación de Riohacha cumpla con las solicitudes que estas comunidades wayuu han estado haciendo desde hace tiempo: crear un centro etnoeducativo que implemente el proyecto pedagógico Ana Akua'ipa.

Las autoridades tradicionales de estas cuatro comunidades presentaron una tutela porque encontraron que sus niños, niñas y adolescentes estaban quedando por fuera del sistema educativo. Además del cierre de puertas en las aulas, había otro problema igual de grave: estudiantes que debían recorrer largas distancias sin transporte seguro para llegar a sus escuelas. La Sala Segunda de Revisión de la Corte estudió el caso y confirmó que la secretaría de Educación no había adelantado procedimientos claros frente a esta solicitud ni había atendido debidamente la situación de no escolarización.

Lo que hizo bien la Corte fue reconocer que la educación de los menores indígenas tiene una protección doble en la Constitución. Por un lado, deben tener acceso en igualdad de condiciones con el resto del país; por otro, esa educación debe respetar sus particularidades culturales, lingüísticas y comunitarias sin discriminación. El tribunal explicó que cuando existen dificultades geográficas, como en estas comunidades rurales de La Guajira, el transporte escolar no es un lujo sino una garantía necesaria para que los menores asistan a clases de manera oportuna y segura.

En su fallo, la Corte fue bastante clara en las órdenes: la secretaría de Educación deberá culminar el trámite para crear y legalizar el centro etnoeducativo, con un cronograma preciso y plazos razonables. También ordenó garantizar transporte escolar gratuito para las cuatro comunidades. Considerando que en La Guajira llueve fuerte en ciertas épocas del año, se estableció que cuando el transporte no pueda operar con seguridad por condiciones climáticas, la Secretaría debe concertar alternativas con las comunidades para que los estudiantes no dejen de recibir clases.

La decisión también encargó a la secretaría de Educación trabajar junto con el ministerio de Educación y el Icbf para hacer un diagnóstico y saber exactamente cuántos menores están fuera del sistema. Además, el ministerio del Interior deberá traducir la sentencia al wayuunaiki tanto en formato escrito como audiovisual, para que las comunidades entiendan completamente qué derechos acaba de proteger la Corte a través de esta decisión.