El Ministerio de la Igualdad inició formalmente sus trámites de liquidación después de que la Corte Constitucional tumbara la ley que le dio vida, al encontrar irregularidades en cómo fue tramitada en el Congreso. Con esta determinación del alto tribunal, la entidad no solo pierde su respaldo legal, sino que debe desmantelarse en menos de dos semanas.

A través de comunicaciones internas, el ministerio ha comenzado a instruir a su personal sobre la entrega ordenada de documentos, informes, equipos y todos los elementos necesarios para cerrar operaciones. El plazo fijado es el próximo 20 de junio, una fecha que se aproxima rápidamente mientras el Gobierno intenta remediar la situación.

El Ejecutivo está buscando sacar adelante una nueva ley que corrija los defectos que señaló la Corte, pero quienes trabajan en la cartera son pesimistas respecto a que esto se apruebe antes de que venza el plazo. La realidad es que la tarea legislativa toma tiempo y los calendarios en el Congreso no siempre son predecibles.

Lo que más preocupa en este momento son los trabajadores. Aproximadamente 580 funcionarios del ministerio aún no saben qué pasará con sus empleos si la liquidación se concreta. Ese vacío de información genera angustia y deja a muchas personas en la incertidumbre sobre su futuro laboral.

Mientras se define qué ocurre con la institución, el Gobierno ya ha tomado medidas preventivas. Ha ordenado a varias entidades del Estado asumir las funciones y programas que actualmente desarrolla el Ministerio de la Igualdad, asegurando así que las políticas dirigidas a poblaciones vulnerables no se interrumpan ni queden abandonadas durante este proceso.