La Sala Plena de la Corte Constitucional le puso freno al impuesto al patrimonio que el Gobierno había ordenado cobrar a organizaciones sin ánimo de lucro durante la segunda emergencia económica. La suspensión es provisional y permanecerá vigente mientras el tribunal estudia si realmente era legal esta medida tributaria.

Entre las beneficiadas con esta decisión están universidades y entidades que están en proceso de liquidación. Para estas organizaciones representa un respiro, aunque parcial, porque ya habían tenido que desembolsar dinero por esta vía.

El asunto es que estas entidades ya realizaron un primer pago el 1 de abril pasado, que correspondía al 50% del impuesto y sumó aproximadamente 2,4 billones de pesos. Había un segundo pago programado para el 4 de mayo, con el cual el Gobierno buscaba recaudar más recursos para enfrentar los gastos de la emergencia causada por la ola invernal que azotó el país.

Este revés judicial se suma a otros que ha enfrentado el Gobierno de Gustavo Petro en las cortes. Hace poco, el Consejo de Estado también suspendió un traslado de 25 billones de pesos del ahorro pensional de ciudadanos que habían migrado de fondos privados hacia Colpensiones, otra medida que formaba parte de los planes del Ejecutivo para generar liquidez.