Después de casi dos décadas de incertidumbre, la Universidad de Cartagena puede respirar tranquilo. La Corte Constitucional puso punto final a un largo enfrentamiento legal con Ecopetrol que amenazaba con desfinanciar uno de los principales centros educativos de la región Caribe. El Consejo de Estado, acatando la sentencia constitucional dictada en diciembre de 2024, declaró cosa juzgada el caso, lo que significa que la decisión es irrevocable y definitiva.

El conflicto comenzó con un tributo especial llamado estampilla "Siempre a la Altura de los Tiempos", creado para financiar proyectos académicos e infraestructura en la universidad. Ecopetrol pagó inicialmente cerca de 49.268 millones de pesos, pero tiempo después argumentó que las exportaciones de crudo desde el puerto de Cartagena no debían estar sujetas a este gravamen y solicitó que le devolvieran todo el dinero. Eso complicó las finanzas de la institución y puso en riesgo múltiples programas estudiantiles.

Lo que parecía perdido para la universidad llegó cuando la Corte Constitucional intervino para unificar la jurisprudencia sobre el caso. El rector William Malkún Castillejo expresó su alivio con las palabras: "Este fallo nos permite mirar hacia adelante con total tranquilidad. Ratifica que nuestras actuaciones siempre estuvieron ajustadas a derecho y que defendimos correctamente los intereses de nuestra casa de estudios". El directivo añadió que ahora la prioridad es fortalecer el presupuesto para ciencia, tecnología y ampliar la cobertura para estudiantes de Bolívar y todo el departamento.

Con esta salvaguarda judicial de más de 50.000 millones de pesos, la Universidad de Cartagena puede enfocarse nuevamente en lo que le importa: mejorar sus espacios físicos, potenciar la investigación y mantener su rol como institución clave para el desarrollo social, cultural y económico del Caribe colombiano. Una batalla jurídica agotadora quedó en el pasado, permitiendo que la universidad continúe su misión de educar a las nuevas generaciones de la región.