Corte Constitucional expone crisis humanitaria en cárcel de Riohacha con hacinamiento del 100%
La Corte Constitucional documentó graves violaciones de derechos humanos en el centro de detención transitoria Caimeg de Riohacha, donde 280 personas están recluidas en un espacio para 130. El informe revela que internos permanecen años en instalaciones diseñadas solo para estancias cortas, sin servicios médicos adecuados ni condiciones sanitarias dignas. Las autoridades avanzan en la construcción de una nueva cárcel que estaría lista en 2026.
La realidad que vive el sistema penitenciario colombiano es desgarradora. Un diagnóstico de la Corte Constitucional sacó a la luz lo que sucede detrás de los muros de centros como el Caimeg en Riohacha, donde el hacinamiento ha alcanzado niveles que desafían toda medida humanitaria. En una inspección judicial, los magistrados encontraron 280 personas privadas de la libertad en un espacio que originalmente fue construido para apenas 130 reclusos. Para entender mejor la gravedad: en un patio con capacidad para 15 internos, las autoridades hallaron a más de 50 personas hacinadas.
El panorama se oscurece aún más cuando se analiza el tiempo de permanencia. La ley establece que los centros de detención transitoria como el Caimeg solo deben albergar personas durante 36 horas máximo. Sin embargo, el tribunal documentó algo que parece sacado de una pesadilla legal: hay internos que llevan hasta cinco años recluidos en estas instalaciones temporales. Ninguno de los detenidos respetaba ese límite de tiempo, una realidad que muestra el colapso total del sistema.
Pero la crisis humanitaria va mucho más allá de los números. El informe de la Corte detalla ausencias que vulneran la dignidad: falta de acceso efectivo a servicios médicos, enfermedades mentales sin atención especializada, deficiencias sanitarias que atentan contra la salud de los internos, instalaciones eléctricas en condiciones riesgosas que ponen en peligro la integridad física, y una completa falta de condiciones para albergar adecuadamente a mujeres y población LGBTIQ+, cuyas necesidades específicas son completamente ignoradas.
Frente a esta crisis en La Guajira, las autoridades han avanzado en un proyecto de esperanza. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios está construyendo una nueva infraestructura penitenciaria en Riohacha con capacidad para 1.722 reclusos. Según el cronograma oficial, el nuevo centro entraría en operación durante 2026 en dos fases sucesivas, con el objetivo de aliviar el hacinamiento estructural que asola la región y finalmente garantizar condiciones dignas para la población privada de la libertad.
Fuente original: La Guajira Noticias
