La situación en los centros penitenciarios de Riohacha llegó a niveles de alerta máxima. La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario, Carcelario y en Centros de Detención Transitoria de la Corte Constitucional realizó una inspección judicial que evidenció graves problemáticas relacionadas con hacinamiento, permanencias prolongadas, deficiencias en infraestructura y limitaciones en la atención en salud para las personas privadas de la libertad.

En el antiguo CAIMEG, centro de detención transitoria, la Corte verificó una crisis humanitaria. El lugar albergaba cerca de 280 personas, pese a contar con capacidad aproximada para 130 internos, representando una sobreocupación superior al 100 por ciento. Los patios diseñados para entre 12 y 15 personas actualmente concentran más de 50 internos. Pero lo más alarmante es que la totalidad de las personas recluidas en este centro superaban el límite de 36 horas permitido para instalaciones transitorias, identificándose incluso casos de permanencia de hasta cinco años.

Durante el recorrido por los pabellones, la Corte encontró condiciones críticas: insuficiencia de baterías sanitarias, almacenamiento de agua en recipientes improvisados, instalaciones eléctricas expuestas, humedad y espacios reducidos utilizados simultáneamente para dormir, cocinar y guardar pertenencias. Además, se recopiló información sobre población extranjera sin afiliación al sistema de salud, personas con afectaciones en salud mental, dificultades para la realización de audiencias y atención médica, así como condiciones relacionadas con la separación de mujeres y población LGBTIQ+.

La situación se repite en la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Riohacha. Al momento de la inspección, el establecimiento albergaba 366 personas privadas de la libertad, pese a tener capacidad para aproximadamente 100 cupos, representando una sobrepoblación cercana al 266 por ciento. Varios internos duermen en colchonetas y hamacas improvisadas debido a la falta de espacio, además de limitaciones en ventilación y acceso a servicios sanitarios. El penal no cuenta con suministro continuo de agua potable, por lo que el abastecimiento se realiza mediante carrotanques y almacenamiento en recipientes plásticos. Hay problemas estructurales como humedad, presencia de hongos e instalaciones eléctricas expuestas.

Frente a esta crisis, hay algo de esperanza en el horizonte. Un nuevo establecimiento penitenciario de cuarta generación está en construcción con el objetivo de contribuir a la descongestión carcelaria en la región Caribe y el norte del país. El nuevo centro tendrá capacidad para 1.722 personas privadas de la libertad, incluyendo un pabellón para 152 mujeres, un espacio para población indígena Wayúu con 218 cupos, además de áreas de talleres, sanidad, alimentación y un Centro de Desarrollo Infantil para mujeres gestantes y lactantes.

La obra presenta un avance cercano al 99 por ciento en su fase civil y un avance general aproximado del 85 por ciento, con una inversión cercana a los 361 mil millones de pesos. La entrada en funcionamiento se realizará en dos fases: una primera entre el 30 de junio y el 15 de julio de 2026, con capacidad inicial para 366 internos trasladados desde el actual ERON de Riohacha, y una segunda etapa prevista para noviembre de 2026, cuando se alcance la capacidad total proyectada.

El nuevo establecimiento requerirá cerca de 530 funcionarios de custodia y vigilancia, además de otros 175 servidores para la operación de servicios complementarios. Mientras tanto, los internos en Riohacha continúan enfrentándose a dificultades en los trámites relacionados con beneficios judiciales y mecanismos sustitutivos de la pena debido a limitaciones institucionales en la región.