El nuevo festivo nacional del 9 de julio, que acaba de llegar al calendario colombiano, ya tiene su primer reto en los tribunales. La Corte Constitucional admitió para estudio una demanda que busca cancelar la norma que convirtió esa fecha en día de descanso obligatorio, poniendo en duda si el Estado actuó dentro de sus atribuciones constitucionales.

La acción fue presentada por un ciudadano que cuestiona los fundamentos detrás de esta decisión. El demandante argumenta que convertir en festivo nacional una celebración de carácter católico como Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá vulnera el principio de laicidad, que es el que garantiza que el Estado debe mantenerse neutral frente a todas las confesiones religiosas sin favorecer a ninguna.

La Ley 2578 de 2026, sancionada por el presidente Gustavo Petro, estableció oficialmente el 9 de julio como la Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. La iniciativa no solo buscaba el reconocimiento religioso, sino también exaltar los 440 años de fundación del municipio boyacense y otros hitos históricos de esa región.

Por ahora, mientras la Corte Constitucional estudia el caso, el festivo sigue plenamente vigente. Eso quiere decir que los trabajadores siguen teniendo derecho al descanso remunerado en esa fecha, y quienes deban laborar reciben los recargos correspondientes que establece la ley.

La pregunta que ahora debe resolver la Corte es clara: ¿puede el Congreso declarar un festivo nacional basándose en una celebración religiosa, o eso viola la separación entre el Estado y las confesiones religiosas que debe mantener la República? Esta decisión podría afectar no solo este festivo, sino también la forma en que el Estado colombiano maneja sus celebraciones futuras.