En Colombia, personas con discapacidad enfrentan un obstáculo legal inesperado cuando quieren trabajar en el Estado. Mientras que en algunas entidades públicas tienen garantizados cupos y exenciones de aranceles en concursos, en otras como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Fiscalía General no aplican estas protecciones. Ahora la Corte Constitucional examina una demanda que busca cambiar esto.

El problema está en la Ley 2418 de 2024. Esta norma protege a las personas con discapacidad en el régimen general de contratación estatal, pero deja sin protección a quienes desean ingresar a través de los llamados regímenes especiales, donde están la DIAN y la Fiscalía. Los demandantes denuncian que esto configura una "omisión legislativa" injusta.

La Procuraduría y el Ministerio de la Igualdad están del lado de eliminar esta exclusión. Su argumento es contundente: las barreras que enfrentan estas personas por su condición son las mismas sin importar si el concurso es ordinario o especial. Sin embargo, no todos piensan igual en el Estado. La DIAN dice que ya tiene mecanismos internos para incluir a estas personas en sus procesos de selección. La Fiscalía, en cambio, plantea un dilema diferente: argumenta que exigir cupos obligatorios podría afectar el mérito y el modelo de excelencia que caracteriza la institución.

La magistrada Natalia Ángel Cabo lleva la ponencia de este caso, y serán los nueve magistrados de la Corte quienes tomen la decisión final. El resultado podría significar un cambio importante: que todas las entidades del Estado deba abrir sus puertas con iguales oportunidades a personas con discapacidad, sin excepciones por régimen especial.