La discusión constitucional sobre las emergencias económicas del Gobierno tomará nuevo aire en los próximos meses. Según reportes especializados en seguimiento judicial, la Corte Constitucional postergará para después de Semana Santa el análisis de la primera emergencia, pero concentrará sus fuerzas en la segunda, que resulta mucho más polémica y compleja.

La segunda emergencia económica, que llegará a la Corte con el magistrado Polo como relator, trae consigo medidas que han generado amplio debate nacional. El impuesto al patrimonio es quizás la más controversial. Aunque la Procuraduría General de la Nación conceptuó que la segunda emergencia sí tiene respaldo constitucional y que varios de sus artículos son válidos, considera que otros, como precisamente el del patrimonio, no deberían haber sido incluidos de esa manera.

Lo que promete hacer más intensa la discusión en la Corte es la participación del expresidente Jorge Enrique Ibáñez, quien no está recusado ni impedido para participar. Ibáñez, figura destacada en la historia de la corporación, se perfila como una voz fuerte en contra de esta segunda emergencia y sus medidas tributarias.

La Contraloría General también entra en juego. Su delegada frente a la economía y las finanzas, Jenny Lindo, está preparando un informe sobre estas emergencias y especialmente sobre cómo el Gobierno recaudó los recursos. Los números que maneja la Contraloría, según fuentes del sector, no favorecerían al Ejecutivo, pues las cifras arrojarían resultados que consideran escandalosos.

Las dos emergencias que activó el Gobierno se explican por situaciones concretas. La primera, en diciembre de 2025, respondió a un déficit fiscal de aproximadamente 16,3 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación para 2026, tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso. La segunda, en febrero de 2026, se activó por la grave crisis invernal que azotó a ocho departamentos, generando inundaciones y daños significativos.