El sistema de salud colombiano vuelve a enfrentar escrutinio judicial. La Corte Constitucional citó al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para que responda por las decisiones de su cartera respecto al cálculo de la unidad de pago por capitación, que es el dinero que el Estado gira a las EPS para atender a cada afiliado. Esta convocatoria ocurre en medio de cuestionamientos crecientes sobre si esos recursos alcanzan para cubrir la demanda real de servicios en el sistema.

Lo que está en juego es serio. Hace cuatro meses, la Corte abrió un incidente de desacato contra el ministro porque consideró que sus órdenes sobre el ajuste de la UPC no estaban siendo acatadas. El magistrado Carlos Camargo, quien lleva el caso, elaboró un documento de 49 páginas detallando que el Ministerio de Salud no ha cumplido plenamente con las decisiones judiciales. La Fiscalía General de la Nación, a quien se remitió el expediente, también expresó sus preocupaciones y pidió ajustes urgentes.

La Corte había impartido nueve órdenes al ministerio. Una de las más importantes exige demostrar técnicamente que el valor de la UPC es suficiente tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, sin conformarse con cálculos basados solo en la inflación. También dieron un plazo de tres meses para que presentaran un plan de acción inmediato con diagnóstico, estrategias, mecanismos de implementación y criterios de evaluación.

La audiencia de este lunes no será un acto solitario. El tribunal decidió convocar al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación para enriquecer el análisis. También participarán la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), organismos de control como la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Salud. Habrá representantes de prestadores de servicios, industria farmacéutica, organizaciones de pacientes y académicos.

El propósito central es determinar si realmente los recursos por afiliado alcanzan para sostener el sistema. La urgencia es evidente: el país enfrenta una ola creciente de quejas y demandas de tutela por problemas de acceso a servicios, demoras en citas médicas y entregas de medicamentos. La mesa técnica busca que de una vez por todas se establezca si el dinero que llega es suficiente o si el problema es más profundo que lo que las cifras administrativas muestran.