Este miércoles la Corte Constitucional cerró la puerta a una de las medidas tributarias más controvertidas del gobierno Petro. De manera unánime, la Sala Plena tumbó el decreto que permitía cobrar IVA del 19 por ciento a bebidas alcohólicas e implementar un impuesto al patrimonio, ambos bajo el amparo de la primera emergencia económica declarada por el presidente.

La consecuencia es inmediata: la DIAN deberá devolver todos los recursos que logró recaudar por estas medidas. El dinero en cuestión corresponde al período comprendido entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026, cuando los decretos estaban vigentes antes de ser suspendidos de forma provisional.

Con esta decisión, la Corte reafirmó un principio que los gobernadores defendieron con energía durante los meses de polémica: la autonomía fiscal de los departamentos no puede ser vulnerada ni siquiera con argumentos de emergencia económica. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue explícito al respecto: "La Corte protege la autonomía fiscal de los departamentos frente a medidas del gobierno Petro que la pusieron en riesgo. Desde Antioquia defendimos ese principio con firmeza, convicción y coherencia".

La sentencia representa una victoria para los mandatarios regionales que cuestionaron tanto la implementación de estos impuestos como el procedimiento utilizado para declararlos. Para el gobierno nacional, significa un golpe judicial significativo en su estrategia de recaudo durante la emergencia económica.