En una decisión que marca un punto de quiebre en la relación entre el Gobierno y la Corte Constitucional, la Sala Plena anuló este martes el Decreto Legislativo 1390 de 2025 con el que el presidente Gustavo Petro había declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica el pasado 22 de diciembre. La votación fue contundente: seis magistrados a favor de tumbarlo y dos en contra, con salvamento parcial de los magistrados Héctor Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade.

El fallo, conocido como sentencia C-075 de 2026 y con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, deja sin validez jurídica el decreto "madre" que permitía al Ejecutivo expedir normas con fuerza de ley sin pasar por el Congreso. También quedan sin efecto otros decretos derivados, como el 1474 de 2025 y el 044 de 2026, mientras se resuelve su constitucionalidad en próximas sesiones. Los magistrados consideraron que el Gobierno no cumplió los requisitos constitucionales: los hechos invocados no eran sobrevinientes, extraordinarios ni imprevisibles, sino problemas estructurales que debían resolverse por las vías ordinarias del Congreso.

Para la Corte, el argumento central es claro: el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso es un riesgo previsible del trámite legislativo, no una situación sorpresiva que justifique estados de excepción. Tampoco lo son el déficit fiscal, las obligaciones en salud o la ola invernal. Los magistrados enfatizaron que el decreto desafiaba el sistema de pesos y contrapesos y debilitaba la sujeción del Ejecutivo al Estado de Derecho. El Gobierno había decretado esta emergencia tras el hundimiento legislativo de su reforma tributaria, buscando recaudar entre 11 y 16,3 billones de pesos para cubrir el déficit y financiar programas sociales, reparación a víctimas y atención de emergencias climáticas. Antes de la suspensión provisional en enero de 2026, logró recaudar cerca de 814.000 millones de pesos, pero ahora existe incertidumbre sobre si esos recursos deberán devolverse a los contribuyentes.

Desde Quibdó, donde se encontraba conmemorando el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, Petro reaccionó con inconformidad. Calificó la decisión como negativa y con "innumerables consecuencias". El mandatario afirmó que desfinancia la reparación a víctimas del conflicto, que requiere al menos 480 billones de pesos, y aseguró que podría tardar hasta 110 años en completarse sin estos recursos. "Los magistrados tienen que explicar para qué tienen escrito en la Constitución la palabra Estado Social de Derecho (…) Nos quieren ahorcar porque somos un gobierno diferente", declaró, comparando incluso la situación con el legado de Jorge Eliécer Gaitán. El presidente anunció que presentará una nueva ley de financiamiento con mensaje de urgencia al Congreso y advirtió que, si no es aprobada, no descarta decretar otra emergencia. También señaló que habrá recortes en gasto que no sea de carácter social.

La decisión tiene implicaciones fiscales inmediatas: el Gobierno enfrenta un hueco presupuestal mayor y deberá buscar alternativas en el Legislativo o ajustar el gasto. En el plano institucional, refuerza el rol de control de la Corte y limita el uso recurrente de estados de emergencia para temas estructurales. Desde el punto de vista político, la tensión entre Ejecutivo y Judicial se profundiza. Expertos constitucionalistas coinciden en que utilizar emergencias para sortear decisiones del Congreso configura lo que denominan una "mutación constitucional fraudulenta".

Este es el tercer intento fallido de Petro recurriendo a estados de emergencia: la Corte ya había frenado una emergencia en La Guajira en 2023 y otra sobre seguridad en 2025. El fallo es definitivo en cuanto al decreto declaratorio, aunque la Corte continuará analizando los decretos tributarios específicos. El Gobierno tiene hasta el 16 de abril en algunos plazos para posibles precisiones. La decisión obliga al Ejecutivo a retomar la vía ordinaria del Congreso para sus iniciativas económicas, marcando así un nuevo capítulo en la relación entre los poderes públicos en el país.