En decisión unánime, la Corte Constitucional echó por tierra un decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que había sido promulgado bajo su primera declaratoria de emergencia económica. La medida en cuestión permitiría que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales recaudara el impuesto al valor agregado del 19 por ciento sobre licores, además del impuesto al patrimonio.

La noticia generó celebraciones en los gobiernos locales, particularmente en Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón no ocultó su entusiasmo y se dirigió a sus seguidores en redes sociales para describir el fallo como un triunfo para la "revolución de los gobernadores".

Rendón argumentó que la decisión del alto tribunal protege directamente la autonomía fiscal de las regiones. Según el mandatario antioqueño, el decreto buscaba centralizar el recaudo de impuestos, amenazando con reducir los ingresos que necesitan los departamentos para financiar sus propias operaciones. "Desde Antioquia defendimos ese principio con firmeza, convicción y coherencia. La Corte Constitucional nos dio la razón", manifestó Rendón, subrayando que la sentencia reconoce la importancia de que los departamentos mantengan su independencia administrativa y tributaria.