La justicia colombiana cerró un capítulo en el caso del exdirector de la Policía Nacional, general retirado Rodolfo Palomino López. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema ratificó en segunda instancia su condena a siete años de prisión por el delito de tráfico de influencias, dejando la sentencia en firme sin posibilidad de más recursos.

El magistrado ponente Gerson Chaverra Castro fue claro en su análisis: Palomino cometió una "inaceptable desviación de poder" al servirse de su posición como jefe de la institución policial para inmiscuirse en una investigación criminal que no era de su competencia. El caso giraba alrededor de un despojo de tierras en Córdoba, pero el exdirector decidió intervenir para tratar de cambiar su curso.

La forma en que ocurrió el asunto resulta típica de estos casos. Palomino utilizó a un subalterno para contactar a la fiscal Sonia Lucero Velázquez Patiño, quien adelantaba un proceso contra integrantes del fondo ganadero de Córdoba. Los magistrados descartaron que esto fuera simplemente coordinación institucional entre organismos, como pudo haberse argumentado. Al contrario, determinaron que el propósito era claramente influir en la dirección de la investigación.

La Corte estableció que detrás de esa gestión estaba el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, aparentemente vinculado al proceso como presunto promotor de alianzas entre el fondo ganadero y las Autodefensas Unidas de Colombia. Palomino, según la investigación, estaba empeñado en favorecer al empresario.

El punto de quiebre ocurrió en una reunión del 8 de febrero de 2014, cuando Palomino habría propuesto directamente a la fiscal que detuviera las actuaciones judicales contra Gallo Restrepo. Eso configuró una intervención indebida en la administración de justicia, algo que ningún funcionario, por muy alto que sea su rango, tiene derecho a hacer.