La Corte Suprema de Justicia le cerró el paso a Musa Besaile con una condena de 11 años y medio de prisión. El exsenador cae por su responsabilidad directa en uno de los mayores esquemas de corrupción que ha golpeado a Córdoba: el desfalco sistemático de recursos destinados a regalías durante la gobernación de Alejandro Lyons entre 2012 y 2015.

Todo comenzó en las elecciones regionales de 2011. Besaile, junto con su socio político Bernardo Elías, movió la máquina electoral y financiera para llevar a Lyons a la Gobernación de Córdoba. Pero este respaldo no fue un acto de generosidad política. Según probó la Corte, antes de que el pueblo votara ya existía un pacto ilícito: una vez Lyons llegara al poder, entregaría las principales secretarías del departamento a los hombres de confianza de Besaile y Elías. Así controlaban la maquinaria estatal.

Con el gobierno en sus manos, la operación tomó forma. Colocaron a sus fichas políticas en lugares estratégicos como la Secretaría del Interior, la Secretaría de Infraestructura y la dirección del Plan Departamental de Aguas. Desde allí coordinaron algo que suena a película de mafia: adjudicaban contratos irregulares financiados con regalías y exigían comisiones ilegales a los contratistas que resultaban beneficiados. El dinero se dividía en partes iguales entre los líderes de la red. Un negocio redondo que no solo los enriquecía, sino que además les permitía financiar futuras campañas electorales para mantenerse en el poder indefinidamente.

Besaile aceptó los cargos durante el proceso: reconoció ser coautor de concierto para delinquir agravado, interviniente en peculado por apropiación agravado, y cómplice en contratos sin cumplimiento de requisitos legales. La Sala Especial de Primera Instancia emitió la sentencia acogiendo una sentencia anticipada, según los parámetros de la Ley 600 de 2000.

Lo más inquietante de todo esto es que la investigación sacó a la luz algo aún más oscuro: este esquema delictivo no solo funcionaba a nivel departamental. Operaba como la "caja menor" de una red más grande destinada a corromper a los magistrados de la misma Corte Suprema. Era parte de lo que la historia judicial ha registrado como el Cartel de la Toga, un caso que mostró cómo la corrupción llegaba hasta los más altos niveles de la justicia colombiana.