Cinco personas que soñaban con trabajar en el Congreso de la República terminaron financiando a la mujer que las contrató. La Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a 12 años de prisión a la excongresista Tatiana Cabello Flórez por este esquema de extorsión laboral que operó entre 2014 y 2017, durante su período como representante a la Cámara por el Centro Democrático.

Lo que quedó probado en el juicio fue simple pero grave: Cabello condicionaba la permanencia en el trabajo y los ascensos de su Unidad de Trabajo Legislativo al pago obligatorio de porcentajes de salario. Justificaba esto diciendo que el dinero iba para actividades políticas y de campaña, una explicación que la justicia rechazó completamente.

Para no dejar rastro, Cabello no tocaba el dinero directamente. Usaba intermediarios de confianza: su asesora Luisa Fernanda Puerto Vela y su conductor Hernando Barón Ayala. El dinero llegaba de varias formas: entregas de mano en mano, transferencias electrónicas y reportes falsos que disfrazaban todo como una supuesta "caja menor". Cuando los investigadores comenzaron a hurgar, ella intentó presentar las transacciones como préstamos personales y obligó a los afectados a firmar documentos de confidencialidad para que no hablaran.

Lo más revelador de la sentencia es que Cabello ordenó usar aplicaciones de mensajería con autodestrucción automática de chats para eliminar la evidencia. Las cinco víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Nelsy Tirado Chacón, Sonia Astrid Blanco Reyes y Daniela Salazar Puerto. En el caso de esta última, la cantidad que debía entregar llegaba a casi la totalidad de lo que ganaba cada mes.

La Corte fue clara: no habrá detención domiciliaria ni ejecución condicional de la pena. Cabello deberá cumplir los 12 años en una cárcel, aunque puede apelar. Además de la prisión, fue inhabilitada por 9 años para ocupar cargos públicos y debe pagar una multa equivalente a 500 salarios mínimos mensuales.

Pero la parte que más afecta directamente a las víctimas son las indemnizaciones que ordenó la Corte. Sonia Astrid Blanco Reyes recibirá 741 millones de pesos, Luisa Fernanda Puerto Vela 112 millones, Nelsy Tirado Chacón 51 millones, Daniela Salazar Puerto 32 millones más cinco salarios mínimos en concepto de daño moral, y Lina Marcela García Pinto 3 millones con cinco salarios mínimos morales adicionales.