La justicia colombiana asestó un golpe significativo contra la corrupción en el Congreso. La Corte Suprema condenó a 23 años de prisión al senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, por ser el cerebro detrás de una maquinaria criminal que robó millones de pesos que debían mejorar las vidas de los colombianos de a pie.

El caso, que ha trascendido bajo el nombre "las Marionetas", sacó a la luz una estructura bien montada en la que Ramírez no actuó solo. A su lado había funcionarios, contratistas y otros particulares dispuestos a negociar en las sombras. El objetivo era simple pero devastador: que los contratos del Estado para vías y obras públicas terminaran en manos de personas elegidas de antemano, asegurando así ganancias ilícitas y apoyo electoral.

Lo que hace particularmente grave este escándalo es que los recursos que fueron desviados estaban destinados a solucionar necesidades básicas de las comunidades. Según la sentencia, "Es de suma relevancia advertir, que la actividad del entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas a efecto de lograr de ellos un beneficio electoral, siendo de destacar que tales contratos tenían por objeto la construcción, implementación y mejoramiento de vías que se traducen en un avance significativo en las condiciones de vida de la población, con lo cual se potencializa la gravedad de las conductas desplegadas por el congresista".

El montaje de Ramírez fue descarado en sus números. Habría dirigido dos contratos interadministrativos por 22.173 millones y 49.460 millones de pesos en Quindío y Tolima, recibiendo aproximadamente 1.000 millones de pesos en sobornos. Su tarifa era de hasta el 15% de ganancia por cada contrato que facilitaba. En la investigación, la Fiscalía también vinculó a Katherine Rivera Bohórquez, de su equipo legislativo, y al contratista Anderson González.

Además de la pena de cárcel, la Corte impuso una multa millonaria superior a 22.000 millones de pesos e inhabilitó a Ramírez para ejercer cargos públicos por más de 23 años. Lo más importante es que no podrá cumplir la sentencia en su casa ni acceder a beneficios mientras la condena no quede en firme. Una vez se agoten los recursos legales, deberá ingresar a prisión.

Aunque la Corte lo absolvió de algunos cargos específicos por falta de pruebas, la condena principal se mantiene por su rol central en esta estructura que manoseó la contratación pública. Este esquema no fue invención de Ramírez: al parecer replicó la metodología que años atrás había puesto en marcha el fallecido exsenador Mario Castaño, ampliando así una red de corrupción que alcanzó a varios congresistas más.