Un golpe judicial llegó al Gobierno colombiano. La Corte Constitucional anuló el decreto que le permitía crear nuevos impuestos durante la emergencia económica. La decisión significa que todas esas medidas tributarias que ya se habían cobrado a los colombianos pierden validez legal. Ahora las entidades recaudadoras tendrán que devolver alrededor de $25.000 millones que ya habían recolectado.

La emergencia fiscal decretada en diciembre buscaba obtener cerca de $11 billones de pesos a través de ajustes en los impuestos más polémicos: licores, tabaco y patrimonio. El Gobierno había ideado una estrategia agresiva para financiar esa crisis: aumentar el IVA de 5% a 19% en las bebidas alcohólicas, incrementar el impuesto al consumo con $750 por grado de alcohol y añadir un gravamen adicional de 30% sobre el precio final.

Con los cigarrillos la cosa fue igual de dura. El decreto establecía un impuesto de $11.200 por cajetilla de 20 unidades. Los vapeadores y cigarrillos electrónicos también recibían golpes: $2.000 por mililitro de líquido más otro 30% adicional sobre lo que el consumidor pagaba en la tienda.

Para el patrimonio, el Gobierno había planteado un impuesto progresivo que iría de 0,5% hasta 5% para personas naturales cuyo patrimonio líquido fuera igual o superior a $2.094 millones, con corte al 1 de enero de 2026.

Aunque dos magistrados de la Corte presentaron aclaraciones individuales sobre su postura ante la decisión, la mayoría fue contundente: esos impuestos no tenían el sustento legal necesario para existir.