La Corte Suprema de Justicia avanza en un nuevo caso de presunto abuso sexual que toca a un miembro del Congreso. El senador liberal Miguel Ángel Pinto enfrenta una investigación formal abierta por la Sala de Instrucción tras recopilar testimonios y documentos que apuntan a que habría obligado a una subalterna a sostener relaciones sexuales, incurriendo en lo que se tipifica como presunto delito de acceso carnal violento.

La denuncia proviene de una trabajadora de su equipo quien acusó a Pinto de haber aprovechado su posición como jefe inmediato para forzar encuentros sexuales presuntamente durante un período de diez meses mientras estuvo vigente el vínculo laboral. El magistrado instructor Misael Rodríguez citó al congresista santandereano a la audiencia de indagatoria programada para el próximo lunes 22 de junio a las 2:00 de la tarde.

Los abogados del senador solicitaron formalmente el aplazamiento de la audiencia, argumentando que el abogado principal se encuentra fuera del país y que el defensor suplente tenía compromisos adquiridos con anterioridad. Sin embargo, el despacho del magistrado Rodríguez negó la solicitud y mantuvo en firme la fecha. Como medida para garantizar el derecho a la defensa, autorizó que los apoderados participen de manera virtual a través de Zoom.

Un cambio importante ocurrirá cuando termine el período constitucional de Pinto. Él decidió no buscar una nueva curul directa en el Congreso, pero mantuvo su presencia política mediante la candidatura de su hijo, Miguel Ángel Pinto, quien resultó elegido como senador para el período legislativo 2026-2030. Cuando el senador padre pierda su investidura de congresista, es previsible que el expediente penal pase de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación, porque dejaría de tener fuero constitucional.

Este caso se suma a otras investigaciones recientes por violencia sexual que involucran legisladores. El senador del Centro Democrático, Alirio Barrera, también es investigado por presunto acto sexual violento. Los hechos se remontan al año 2016, cuando Barrera se desempeñaba como gobernador de Casanare. Según la denuncia oficial, la presunta víctima asistió a su despacho gubernamental para coordinar un evento de juventudes cristianas, lugar donde habría ocurrido la agresión. El expediente contra Barrera llegó a la Corte el 6 de marzo y avanza bajo control del magistrado Marco Antonio Rueda.