Lo que comenzó como un escándalo que involucraba directamente al registrador del departamento de Córdoba terminó siendo una confusión de identidades. El ministro del Interior, Armando Benedetti, había denunciado esa mañana de domingo que la máxima autoridad electoral departamental estaba implicada en un supuesto acto de corrupción, asegurando que contaba con una grabación donde se evidenciaba que estaba "pactando o negociando" dinero por votos. El presidente Gustavo Petro replicó la denuncia poco después. Sin embargo, en el transcurso de las horas siguiente se conoció una aclaración fundamental: quien estaría detrás de la irregularidad no sería el registrador, sino un funcionario de menor jerarquía dentro de la entidad.

Fue Ana Cristina Muñoz, exdirectora de la Agencia de Restitución de Tierras en Córdoba y hoy candidata al Senado por el Frente Amplio, quien sacó a la luz esta precisión importante. Muñoz relató a RTVC cómo hace dos semanas había recibido una llamada que creía era de un líder campesino. "Llegamos con mi equipo hasta su casa y empezó a preguntarme cómo iba con las votaciones. Luego me dijo que podía hacerme un ofrecimiento: que tenía a disposición 1.000 votos, pero que debía pagar $100 millones", contó sobre el encuentro que tuvo con esta persona.

El registrador Hernán Penagos salió al paso de las acusaciones para aclarar que no había recibido ninguna información formal sobre la denuncia. "No, no tenemos ningún tipo de información, estamos esperando a que nos llegue cualquier dato para evidenciar si es que efectivamente hay participación en política o no. Pero no tenemos información sobre ningún funcionario. Sin embargo, tenemos a todos los equipos de la Registraduría y la Comisión de Garantías Electorales atentos", expresó a Caracol Radio.

A nivel nacional, el Gobierno ha mantenido una postura firme contra la compra de votos. Benedetti enfatizó que la transparencia electoral "es fundamental para la democracia colombiana" y prometió llevar las pruebas ante la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el presidente Petro pidió acciones concretas: ordenó a la Fiscalía "allanar los sitios que la ciudadanía y la Policía han descubierto como sitios de compra de votos en Córdoba" e instruyó a la Unidad de Información y Análisis Financiero a "vigilar transacciones masivas electrónicas para compra de votos, establecer redes delictivas y entregar a autoridad competente".

El contexto de estas denuncias es preocupante. Días atrás, en el marco del Plan Democracia, un exconcejal de Córdoba fue capturado en la vía que conecta a Montería con Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio. Los uniformados encontraron en su vehículo un bolso negro con 434 millones 700 mil pesos en efectivo. El viajaba en compañía de otra persona. Este hallazgo evidencia que los movimientos de dinero para presuntamente comprar votos siguen siendo una realidad que las autoridades deben enfrentar en estas jornadas electorales.