Por segunda ocasión, la Corpoguajira cerró la puerta a la ejecución del proyecto minero Cañaverales. A través de la Resolución No. 0842 del 21 de abril de 2026, la autoridad ambiental departamental confirmó su negativa a otorgar la licencia ambiental solicitada por la empresa Best Coal Company S.A.S. para desarrollar este proyecto en los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar. La decisión llegó tras resolver el recurso de reposición que la compañía presentó contra el primer rechazo, emitido mediante la Resolución No. 3425 de 2025.

Durante el análisis del recurso presentado por la empresa, la Corpoguajira concluyó que los argumentos esgrimidos por Best Coal no desvirtuaban las razones originales de la negación. Samuel Lanao Robles, director general de la entidad, fue contundente al respecto: "la entidad determinó que el proyecto presenta incompatibilidades estructurales de carácter ambiental, territorial y normativo que hacen inviable su ejecución, especialmente en lo relacionado con la protección de los recursos hídricos y la zonificación ambiental del área de influencia".

Los técnicos identificaron problemas concretos que harían imposible ejecutar el proyecto sin daños severos. Entre los hallazgos principales figuran posibles afectaciones a fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas, además de conflictos directos con el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas del río Ranchería y con normas que protegen el agua para consumo humano en la región. Jorge Palomino Rodríguez, subdirector de Autoridad Ambiental, profundizó en esto: "las condiciones del proyecto implican intervenciones irreversibles en el territorio, como la alteración de cauces y zonas de recarga hídrica, lo que contraviene principios fundamentales de sostenibilidad ambiental".

Más allá de los problemas técnicos, la Corpoguajira dejó clara una conclusión definitiva: estos conflictos ambientales no se pueden resolver ajustando el diseño del proyecto, imponiendo requisitos adicionales o implementando planes de manejo. En otras palabras, no hay forma de hacerlo viable. Por eso, la corporación no accedió a las pretensiones del recurso y ratificó que no hay mérito para modificar la decisión ni para reabrir el proceso de evaluación.

La corporación enfatizó que actuó cumpliendo sus funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental. El proceso incluyó una audiencia pública ambiental, espacios para participación ciudadana, intervención de actores institucionales y comunitarios, visitas técnicas al terreno, solicitudes de información a entidades especializadas y análisis detallado del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa.