Corpoguajira selló definitivamente el destino del proyecto minero Cañaverales al ratificar a través de la resolución número 0842 del 21 de abril de 2026 que no otorgará licencia ambiental para explotar carbón a cielo abierto en el sur guajiro. La decisión no es apresurada: detrás hay un largo camino de evaluaciones técnicas, visitas al terreno y participación de comunidades que terminó siendo contundente en sus conclusiones.

El punto que más pesó en la balanza ambiental fue la ubicación del proyecto. La mina proyectada por Best Coal Company estaría a menos de dos kilómetros del Manantial de Cañaverales, un ecosistema protegido que no solo guarda valor ambiental sino que es fuente de agua para poblaciones locales. Más allá de eso, los análisis indicaron que la explotación golpearía directo a la cuenca del río Ranchería, uno de los sistemas hídricos más vitales de La Guajira y ya debilitado por años de actividades extractivas. "Junto al equipo evaluador, se evidenció que las condiciones del proyecto implican intervenciones irreversibles en el territorio, como la alteración de cauces y zonas de recarga hídrica, lo que contraviene principios fundamentales de sostenibilidad ambiental", explicó Jorge Palomino Rodríguez, subdirector de Autoridad Ambiental de Corpoguajira.

Pero la negativa no se sostiene solo en eso. El Servicio Geológico Colombiano encontró que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa tenía inconsistencias, vacíos e incoherencias importantes, particularmente en temas de geociencias e información de línea base ambiental. Samuel Lanao Robles, director general de Corpoguajira, fue directo al resumir lo que encontraron: "La entidad determinó que el proyecto presenta incompatibilidades estructurales de carácter ambiental, territorial y normativo que hacen inviable su ejecución, especialmente en lo relacionado con la protección de los recursos hídricos y la zonificación ambiental del área de influencia".

A todo esto se sumó un aspecto que en Colombia tiene peso legal: Best Coal Company no completó de manera adecuada la consulta previa con el Consejo Comunitario afrodescendiente de Los Negros de Cañaverales, una obligación que el proyecto incumplió. Esta carencia refuerza aún más la decisión de la autoridad ambiental de cerrar la puerta a la iniciativa minera.