En un debate convocado para ejercer control político al Gobierno Nacional, la Comisión de Ordenamiento Territorial analizó las graves consecuencias que ha dejado la construcción de la Ruta del Sol en territorio colombiano. La sesión puso en la mesa los problemas que esta obra vial ha causado especialmente en la Costa Atlántica, donde las comunidades han sentido directamente cómo se alteró la planificación y el uso del suelo.

Durante los intercambios, los congresistas y funcionarios presentes señalaron presuntas conductas abusivas e ilegales de las empresas responsables del proyecto, así como omisiones graves de entidades estatales que debieron ejercer una vigilancia más efectiva. El panorama que emergió fue el de una obra de infraestructura que avanzó sin los controles suficientes.

La directora Adriana Margarita García, en representación de Corpocesar, intervino para aclarar el alcance de la corporación en el licenciamiento ambiental del proyecto. Durante su participación, reafirmó "la importancia de la aplicación del principio de coordinación interinstitucional en la gestión ambiental del territorio", reconociendo que solo con trabajo articulado entre entidades es posible proteger adecuadamente el medio ambiente y las comunidades afectadas.

La presencia de la directora de Corpocesar en el debate puso en evidencia el compromiso de la institución con la defensa de los recursos naturales y la exigencia de que los grandes proyectos de infraestructura se ejecuten de manera responsable y con el debido respeto por el territorio y la gente que lo habita.