Córdoba quedó bajo el agua. El frente frío que azotó el departamento dejó un rastro de destrucción: casas anegadas, cultivos perdidos, caminos rurales intransitables y miles de personas en la incertidumbre. Fue tanto el impacto que las autoridades locales reconocieron que la magnitud de la emergencia superó lo que podían manejar desde los municipios, obligando a pedir ayuda directa a la Nación.

Por eso el Gobierno Nacional convocó una reunión estratégica con 25 alcaldes cordobeses para poner orden en la respuesta. En la mesa se sentaron representantes de 18 entidades nacionales, todas coordinadas para activar ayudas, maquinaria y asistencia humanitaria. No era una reunión de trámite: era un plan urgente de recuperación para evitar que la emergencia se prolongara indefinidamente.

Según el balance presentado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ya se han invertido más de $13.000 millones en Córdoba durante esta emergencia. Con esa plata se han entregado aproximadamente 223 toneladas de asistencia humanitaria: alimentos, kits de aseo, colchonetas y elementos básicos para las familias que lo perdieron todo. Además, llegó maquinaria amarilla para remover sedimentos, reforzar jarillones y recuperar las vías rurales que dejaron incomunicadas a varias comunidades. El Gobierno también desplegó equipos interdisciplinarios para acompañamiento psicosocial, reconociendo que las pérdidas no son solo materiales.

Pero aquí viene lo importante: la reunión no fue solo para repartir ayudas del momento. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, subrayó que el trabajo tiene que ser articulado entre la Nación, el departamento y el sistema de gestión del riesgo, pero mirando hacia adelante. Se identificaron proyectos de mediano plazo: intervención de puntos vulnerables a desbordamientos, fortalecimiento de drenajes pluviales y actualización de los planes municipales de gestión del riesgo en cada territorio.

Todo esto cobra sentido cuando expertos advierten que estos eventos climáticos van a ser más frecuentes. Córdoba, por su ubicación geográfica e hidrografía, enfrenta riesgos recurrentes de inundación. Si no se toman decisiones estructurales ahora, volveremos a estar en la misma situación.

Los desafíos, sin embargo, siguen siendo enormes. Hay comunidades que aún están incomunicadas en zonas rurales. Los agricultores y pequeños ganaderos advierten que las pérdidas económicas pueden extenderse mucho más allá de las lluvias. Aunque los $13.000 millones ya invertidos son significativos, autoridades locales coinciden en que se necesitarán recursos adicionales para una reconstrucción definitiva.

La clave ahora será convertir esta respuesta humanitaria de emergencia en un plan integral que realmente reduzca la vulnerabilidad del territorio. Mientras tanto, miles de familias cordobesas esperan que toda esta coordinación entre entidades se traduzca en soluciones concretas y duraderas, no solo en promesas de recuperación.